Es cierto, la «ciudadanía» no se pierde a menos que el país donde resida un uruguayo así lo disponga. O alguna otra causal que se ampare en el artículo 80 de la constitución, la cual no distingue entre legales o naturales y expresa causal de «suspensión«. Sin embargo en el artículo 81 se lee que «la nacionalidad no se pierde ni aun por naturalizarse en otro país, bastando, simplemente, para recuperar el ejercicio de los derechos de ciudadanía, avecindarse en la República e inscribirse en el Registro Cívico. La ciudadanía legal se pierde por cualquier otra forma de naturalización ulterior«. Aquí hay que hacer una pausa. Nacionalidad y ciudadanía están escritos bajo un mismo párrafo y es poco feliz mezclar ambos conceptos. De esto se deduce que, los uruguayos nunca pierden la nacionalidad pero sí la ciudadanía en el momento en que se avecinan en otro país, de otra forma no habría necesidad de «recuperar» nada.
La mezcla se vuelve aún peor. Los presos (por ejemplo), dejan de ser ciudadanos pero no nacionales y esto está escrito en el artículo 80 de la constitución: se suspende la ciudadanía por la condición de legalmente procesado en causa criminal de que pueda resultar
pena de penitenciaría.
Ahora bien, por perder la ciudadanía (aunque sea temporal) los presos ¿no tuvieron derecho a vacunarse?
O dicho de otra forma, si un preso tiene derecho a vacunarse, ¿no lo tiene un uruguayo residente en el extranjero?
OK, pasemos en limpio. El derecho a vacunarse no está amparado en la Constitución. Al menos no de forma explícita. Pero si la igualdad de derechos, a los naturales y a los legales después de 3 años de residencia.
¿No es un derecho el poder vacunarse en nuestro país?
¿Se le ha negado ese derecho a los suspendidos en su ciudadanía?
Esta es la parte legal. Ahora está la parte política del tema.
La diáspora argentina cuenta con unos 100 mil uruguayos residentes. Y es sabido que gran parte de ese contingente viaja a Uruguay a votar por el FA. Traerlos a vacunarse es una medida muy populista pero poco efectiva. El uruguayo exiliado económicamente es en su gran mayoría un militante de ideologías socialistas. No hay ninguna razón para pensar que de aquellos 100 mil que cruzan el charco en las elecciones, algunos cambien su voto por una vacuna. Sería un razonamiento muy infantil y un esfuerzo económico desmedido.
Por otro lado, Argentina tiene la obligación de vacunar a «todos» sus ciudadanos, inclusive los legales de la misma forma que Uruguay lo hace con ellos en nuestro territorio y tomar esa responsabilidad ahora, sería tensar aún más las relaciones bilaterales con ese país.
¿La solución? Vacunarlos cuando lleguemos a nuestra inmunidad de rebaño.
Derecho a la vacuna tienen, de eso no hay duda.
