Fernando Pimentel, el ex gobernador de Minas Gerais -que hasta mandó a buscar a Mujica para condecorar- y ex ministro de Desarrollo, Industria y Comercio fue condenado por la Justicia brasileña a 10 años tras las rejas por sobornos, tráfico de influencias y lavado de dinero por su gestión durante el gobierno de Dilma Rousseff, habiendo recolectado así, mucho dinero para la campaña del PT.
En lo que atañe a Uruguay, Pimentel fue, según él mismo dijo y la Policía Federal brasileña admitió, quien recibió un millón de dólares del grupo OAS para entregarlos a la presidencia uruguaya -lo que, afirmó, se hizo (sospechando de Diego Cánepa como receptor), «para la construcción de un Gasoducto», por la cantidad de 64 millones de dólares- siendo efectivamente adjudicado a la empresa, hoy titular de numerosos juicios por corrupción en obras públicas en Brasil y Perú.
Quien decidió conceder el proyecto en forma directa fue el controvertido ex titular de Ancap, José Coya, otro impresentable, según la profunda y elogiable investigación
Al estallar el escándalo en Uruguay -impulsado inclusive por los faraónicos sueldos que, durante años, se pagaron a funcionarios que no trabajaban, incluyendo decenas de miles de dólares mensuales a Marta Jara- finalmente se suspende la obra y, como consecuencia de ello, ya con sus jerarcas presos y condenados en Brasil por corrupción, OAS tuvo el tupé de hacerle un juicio por 14 millones de dólares a Uruguay, práctica fraudulenta que se ha vuelto costumbre en los últimos 15 años.
Es más que probable, que ésta y otras demandas usuales contra el Estado, por parte de grandes grupos, inclusive, sean productos de fraudulentos arreglos previos para que se cometan negligencias administrativas que den lugar al reclamo letrado. Son demasiados juicios, para pensar que es casualidad. Incluso, cuando se ganan, directa o indirectamente, casi siempre se benefician casi los mismos estudios jurídicos….
escrito por Javier Bonilla
