¡DESDE PAYSANDÚ!
La Intendencia de Paysandú avanza en un proceso de tercerización de sus recursos humanos que se concreta a través de la contratación de personal por medio de la Fundación “A Ganar”, organización que ha conseguido una muy particular expansión en el territorio nacional en los últimos meses. De acuerdo a sus fines, la organización se beneficia del régimen de exoneración de aportes patronales. Entonces, contratar por esa vía resulta “más barato”. De hecho ese fue el argumento que se explicitó públicamente por parte de la comuna sanducera para consolidar ese proceso que se inició con el nuevo año. Por ejemplo, cuando se anunció la modificación de los contratos de unos 130 trabajadores de ocho CAIF y un Centro Siempre que dejaron de depender directamente de la Intendencia para pasar a la plantilla de la Fundación, el intendente Olivera enfatizó públicamente, una y otra vez, que su objetivo era ahorrar unos $ 16 millones de pesos anuales por concepto de aportes patronales. Lo dijo así de clarito, reconoció con todas las letras su decisión de dejar de aportar ese dinero al Banco de Previsión Social en un particular ejemplo de cómo el Estado se engaña a sí mismo. No han aparecido noticias que refieran a alguna protesta del Banco, al que no le sobra plata según nos dicen a diario; tampoco de la DGI o del Ministerio de Trabajo. ¿Podrá un empresario salir a decir por todos los medios que ha decidido dejar de pagar aportes al Estado con la misma impunidad que el intendente de Paysandú, sin complicaciones?; veremos si aparece algún valiente y cómo le va.
La exoneración de esos aportes rige, básicamente, para actividades educativas, culturas y deportivas pero en Paysandú los empleados de la fundación también realizan otras tareas, caso de la limpieza de calles y mantenimiento de áreas verdes, sobre las que no aplicaría el beneficio pero por el momento tampoco pasa nada.
La Fundación “A Ganar” pertenece a personas muy estrechamente ligadas al Partido Nacional y sus primeros contratos se consolidaron con intendencias gestionadas por referentes de esa colectividad aunque también logró acuerdos con el gobierno nacional gestionado por el Frente Amplio. En los últimos meses ha conseguido una buena lista de contratos consolidando su presencia en once departamentos, según informa en su página web. Pero la llegada a Paysandú no fue clara, y según varias denuncias esa es la constante a lo largo y ancho del país. Su contrato resultó de un llamado que estuvo vigente durante tres días hábiles entre navidad y año nuevo y que se caracterizó, entre otras cosas, por no haber sido promocionado debidamente. Ediles opositores presentaron pedidos de informes en procura de esclarecer las condiciones de la vinculación pero las autoridades apelan a la confidencialidad y no responden.
Desde enero de este año la Intendencia concreta el pasaje de trabajadores de su plantilla a la de la Fundación, se trata de personas que tenían contratos eventuales e incluso de función pública; alguien estima que sólo se salvarán los presupuestados. A esta altura la Fundación tiene más de 300 trabajadores porque a quienes mutaron de una régimen a otro hay que sumar los contratados en llamados externos, que han sido muy pocos, y los convocados según los compromisos asumidos en la campaña, categoría en la que las personas se cuentan de a decenas. Resulta claro que esa forma de contratación permite atender la demanda de los militantes sin las complicaciones que podrían significar la evidencia de seguir engordando el Estado o los controles de la oposición.
Es altamente probable que este proceso de tercerización siga acaparando la atención de buena parte de la comunidad sanducera y lejos esté su salida de la agenda departamental. Pero mientras se discute en planos como el político, mediático o social, valorando que las organizaciones gremiales, especialmente el gremio de los municipales, han mostrado un triste ejemplo de ausencia, sería bueno dejar algunas líneas referidas a situaciones particulares que revelan una rechazable forma de gestión pública.
Las personas cuyos contratos no fueron renovados por la Intendencia o que sufrieron la modificación del vínculo de dependencia y pasaron a formar parte de la plantilla de “A Ganar” coinciden en manifestar un profundo rechazo a las formas que utiliza la comuna para consumar el aviso de la desvinculación. Es habitual que la comunicación de la rescisión se haga cuando el plazo del contrato expira, sin margen alguno para la planificación y la preparación tanto anímica como material, si es que se puede. En general estos trabajadores se van con una liquidación, mayormente no muy grande, y sin derecho al seguro de paro dado el régimen en el que se desempeñaban. Un señor que era guardia de seguridad, que junto a una veintena de compañeros fue desvinculado hace pocos días, relató que cuando cumplía la que sería su última noche de trabajo y poco minutos antes del final de su turno alguien le dijo: “llevá esas llaves al corralón, entregálas allí y muchas gracias, ya no volvés, hasta acá llegó tu contrato”. Así nomás. Relatos de ese tipo se encuentran en decenas con el común denominador de la manifestación de un trato que está lejos de valorar la dignidad del otro. El director de Deportes aportó otro ejemplo cuando el sábado 20 de marzo a la tarde envió a los profesores de Educación Física que están bajo su dependencia este mensaje: “¡Buenas tardes!. A partir del lunes 22, debido al covid y a que se vencen los contratos el 31, vamos a suspender las actividades deportivas hasta el lunes después de Semana Santa. Bruno les va pasar la semana próxima todos los horarios para comenzar con inscripciones y obviamente seguir con los alumnos que ya están concurriendo. Se toman la Licencia hasta el 31 de Marzo inclusive a partir del lunes. Continúan en el cargo los mismos docentes que lo vienen haciendo durante todo el año. El lunes 22 a las 14 está coordinada una reunión con Fermín Farinha en el Palacio para aquellos que tengan dudas sobre el contrato, licencia, etc.” Los mandó a la licencia y les avisó que dejan de ser empleados de la Intendencia para pasar a depender del tercero, perdiendo derechos, antigüedad, condiciones de trabajo y salario. Hay muchos ejemplos de personas que fueron coaccionadas para firmar documentos de renuncia a la Intendencia como condición ineludible para mantener el puesto de trabajo pero ya tercerizado.
El intendente de Paysandú había anunciado una nueva etapa también en la gestión de los “recursos humanos” y designó para que se haga cargo de la dirección respectiva una profesional con experiencia en una multinacional. Supuestamente el departamento ganaría en eficacia y eficiencia con una gestión moderna, actualizada y profesional pero nunca avisaron que se dejaría de considerar la condición humana del laburante.
