Por Eduardo Rodríguez.-
La Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (DINALI) confirmó que desde hace dos años no mantiene convenios con la Intendencia de Paysandú y que “NO tiene ni ha tenido convenios” con la Fundación “A Ganar” esto implica que la contratación de una persona que hasta hace pocos meses estuvo recluida pagando por delitos de proxenetismo, explotación sexual y lavados de activos es producto de una decisión del intendente Olivera que no se enmarca en ninguna política de Estado.
El polémico ingreso, que desató un escándalo que sigue ocupando un espacio preponderante en la agenda departamental a pesar de que ya pasaron varios meses de que tomara estado público, se concretó a través de aquella fundación en cuyo beneficio la Intendencia viene tercerizando una buena cantidad de sus trabajadores, además los antecedentes de la persona en cuestión lo inhabilitan para revistar como funcionario público.
La desarticulación del relato
La información de la DINALI surge como respuesta a un pedido de Acceso a la Información Pública promovido por los colectivos que integran la Hermandad Proderechos Uruguay en procura de esclarecer las condiciones en las que el tristemente popular “zorro” Escobar fue contratado por la Intendencia de Paysandú. El documento que lleva la firma del director de esa dependencia del Ministerio del Interior, Gustavo Silveyra, deja en evidencia a las autoridades departamentales que enfatizaron una y otra vez que la contratación se enmarca en los convenios establecidos con DINALI que venían del período anterior. Más de un jerarca usó frases tales como “no es culpa nuestra, a esto no lo empezamos nosotros, viene del gobierno anterior” para dejar en claro el contexto del ingreso y el tono institucional del mismo; incluso hasta se llegó a decir que además de Escobar “hay otros ocho ex reclusos trabajando para la Intendencia”. En lo que se puede interpretar como un revés institucional muy duro, quedó claro que no es cierto lo que sostuvieron tan enfáticamente los gobernantes de Paysandú para defender esa contratación.
“Quizás pudimos haber cometido algún error”
Cuando el intendente Olivera compareció ante la Junta Departamental para presentar un informe por los primeros cien días de gestión (el miércoles 10 de marzo de 2021) dijo ser “consciente que la contratación de un ex privado de libertad a través de una ONG sensibilizó a mucha gente, legítimamente” y agregó: “quizás pudimos haber cometido algún error y seguramente lo cometimos” y anunció la habilitación de proceso de consulta con colectivos que trabajan por los derechos humanos para enmendarlo.
Sin embargo desde esas organizaciones de la sociedad civil afirman no entender el sentido profundo de que se intente colectivizar las responsabilidades en un proceso que se supone terminaría con la rescisión de ese contrato cuando, en realidad, la decisión de la contratación responde exclusivamente al intendente y es él quien tiene las facultades para desarticularla. “Sería como socializar la responsabilidad de algo en lo que no tenemos nada que ver y que rechazamos profundamente”, dijo una activista social.
Por lo pronto el ex recluso sigue trabajando como supervisor en el área de paseos públicos y espacios verdes con una retribución nominal de poco más de 60.000 pesos mensuales.
“¿Qué le debe el intendente de un departamento a un proxeneta para mantenerlo dentro del cuerpo de funcionarios de la Intendencia?”
En las últimas horas, el exsecretario general de la Intendencia (gobierno del FA), Federico Álvarez Petraglia, marcó una posición fuerte que ha revivido la polémica en torno al tema.
“¿Qué le debe el intendente de un departamento como Paysandú, que tiene una historia de lucha y de honradez, reconocido por esos valores a nivel nacional e internacional, a un proxeneta para mantenerlo dentro del cuerpo de funcionarios de la Intendencia?; ¿por qué lo mantiene ahí?; ¿qué pasa?; ¿qué no sabemos?”, preguntó el abogado tras conocer la información de DINALI.
El abogado opinó que las autoridades departamentales manejaron el asunto “con muchas mentiras”, detalló varias afirmaciones que considera falaces, y agregó: “somos nabos pero no tanto”.
“No termino de entender qué tipo de compromisos puede tener un intendente departamental con este muchacho, con un proxeneta, como para no poder echarlo cuando no le tembló el pulso para echar a 130 funcionarios de los CAIF u otras 300 o 400 personas entre eventuales y de las cooperativas sociales. Esa gente que no tiene antecedentes penales, que no prostituye a nadie, no se aprovechó de nadie, que no hicieron dinero con la prostitución de mujeres ni de menores”, reflexionó para demandar al intendente: “que explique la situación y que diga la verdad”.
