Por Dr. Gastón Pesce Echeverz

La militancia gremial es un deber profesional poco cumplido.

Ni bien cesó la intervención en la Universidad de la República, en 1984, las asambleas de clase designaron a sus respectivos delegados para la primera reunión post intervención y mis compañeros de entonces me honraron con esa designación.

Por aquellos días, recién a nuestro egreso de la Facultad de Derecho pudimos tener acceso a su Paraninfo, que se llenó de vándalos que disfrutaban al limpiarse sus zapatos embarrados en sus –hasta entonces- impolutas y bien cuidadas alfombras.

Luego, como siempre, en una Facultad que era mayoritariamente nacionalista, los zurdos comenzaron a copar las mesas y a aplicar su conocida política de desgaste, dejando la resolución de las cuestiones importantes para atrás y desestimulando así a quienes concurríamos principalmente a estudiar para que nos viéramos forzados a desistir dejando la conducción en sus manos, ya que al día siguiente debíamos continuar estudiando.

De vuelta en Paysandú, la experiencia fue exactamente similar: mayoría blanca pero conducción zurda hasta que llegamos a la situación actual, caracterizada por un anodino desempeño y una equivocada suerte de cultivo de una igualadora mediocridad.

Este Colegio, del que hace 35 años no formo parte por decisión unilateral, sí se tomó –en cambio- la atribución de juzgarme sin ser su socio y sin invitarme en ningún momento a formular mis descargos, al cabo de una asamblea de la cual no se hizo acta…

Algunos cuantos años más adelante, nos contactamos con su Comisión Directiva a fin de ofrecer la posibilidad de disertar acerca de un libro que nos fuera editado en junio de 2020 en nuestra vecina República Argentina.  Y allí fue cuando nuestro colega Dr. Gustavo Sabariz nos dijo que él también había ofrecido la posibilidad de disertar acerca de su experiencia en Salamanca y su posterior trabajo publicado en La Justicia Uruguaya con resultado negativo, ya que se habría resuelto que no se habilitaría jamás la posibilidad de disertar a ningún abogado del medio pues ello implicaría abrir la posibilidad de que alguno se destacara por sobre los demás.  Mejor apuesta a la mediocridad, francamente imposible (en contra de las enseñanzas de José Enrique Rodó en su olvidado “Ariel”).

Eso sí, el Colegio organizó en setiembre de 2005 las Primeras Jornadas de Derecho Ambiental, que fueron patrocinadas ni más ni menos que por PAYCUEROS, que debe ser la principal industria contaminante del Litoral, con la sintomática particularidad que, a su término, en lugar de habilitar ampliamente la posibilidad de defensa de los intereses colectivos comprometidos, cada concurrente sólo podía realizar dos preguntas por escrito que, convenientemente filtradas por los organizadores, eran acercadas a los expositores para su conveniente evacuación.

Pero esto es lo de menos. Bueno sería que el Colegio, en defensa del interés de sus afiliados y de la profesión se alzara cada vez que se destaca en el pueblo -por lo negativo- alguno que otro de los muchos magistrados que no están a la altura de su investidura, tal como cada vez con mayor frecuencia se detecta en el ámbito fiscal y judicial, con el consecuente despotismo y falta de garantías para profesionales y justiciables en general.

Hubo épocas, antaño, en que ante cualquier desliz inapropiado, manifiesta ineptitud técnica o moral, conducta dudosa o abiertamente atropelladora sin razón de algún magistrado, el Colegio tomaba cartas en el asunto sin vacilar y no trepidaba en “bajar” a la Capital a hacer sentir su descontento ante la Suprema Corte de Justicia, en forma respetuosa pero firme, tal como por Derecho y en estricta Justicia corresponde.  Ya no.

No vale la pena entrar en casos particulares, que los hubo…

Esa falta deliberada de tan sana actitud hoy ha potenciado frecuentes faltas de respeto, contubernios y abuso, empezando por tan escandalosos como inaceptables recortes en las regulaciones de honorarios, evidentes preferencias y consecuentes canchas flechadas, faltas de respeto constantes hacia los profesionales y ni qué decir, los justiciables, destinatarios de la función fiscal y judicial e indudables omisiones en proceder o denunciar que adquieren carácter contumaz y constituyen delito.  Pero en lugar de justificadas quejas y  viriles protestas, una predominante actitud de renuncia rendición, genuflexión y, en suma, de especuladora adulación.

Así, una profesión que reclama audacia, arrojo y hasta valentía parece estar hoy, en lo que presume ser un Estado de Derecho, cada vez más llena de pusilánimes, obsecuentes y cobardes.

Presumimos que esta realidad se da también en el resto del país y estamos seguros que ésta libre manifestación habrá de generar algún escándalo.  Pero, como dijo alguna vez Cicerón: Por la salud de la República y sus instituciones, “A veces es bueno que haya escándalos”.

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