(Columna de Ricardo Garzón)
SE DICE
Que atendiendo a la máxima sanguinettista que dice que en política no hay muertos sino heridos de consideración, es probable que Albisu se levante de estas aparentes cenizas –como ya lo han hecho otros- para continuar ejerciendo el poder en su departamento.
Que el intendente de Maldonado, Enrique Antía, dijo que a Yamandú Orsi, Carolina Cosse y Andrés Lima “les faltó humildad para plantear las cosas de frente”, aludiendo a la ausencia de los intendentes del Frente Amplio Yamandú Orsi (Canelones), Carolina Cosse (Montevideo) y Andrés Lima (Salto) en la reunión del Congreso de Intendentes que se desarrolló este jueves en la sede central de Montevideo.
Que más allá, aún, calificó de «falta de respeto” el ausentismo, y afirmó que los tres intendentes frenteamplistas están en campaña política; “están de candidatos y aparentemente les importa poco lo que pasa en el Congreso de Intendentes y todas las obligaciones que tenemos”, apuntó.
Que el ministro Heber, ante la fuga del último narco, dijo que resulta muy desalentador ver la falta de compromiso en la lucha contra el narcotráfico; muchos recursos, escuchas y seguimientos para presentar a la justicia pruebas contundentes, para que luego se determine prisión domiciliaria; el mundo en general, dice Enfoques, se nos ríe en la cara.
Que la idea de que sea Miguel Ángel Petit el fiscal de Corte se estrelló antes de que pudiera despegar, ya que se la plantearon –de manera informal– y la rechazó; según trascendidos ya publicados el diputado colorado Pasquet le comentó la idea al comisionado parlamentario en el estacionamiento del Palacio Legislativo, pero Petit, amablemente, la descartó.
Que en base a datos obtenidos de las internas del Frente Amplio y el Partido Nacional, basados en la última encuesta de opinión pública de Equipos consultores, la interna del Frente Amplio es liderada por el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, con un 46%, y la del Partido Nacional por el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, con 43%.
Que dentro de la coalición de izquierdas, en segundo lugar se ubica la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, con 35%; en tercer lugar el senador Bergara, con un 7%, y en cuarto lugar el intendente de Salto, Andrés Lima, con un 6%.
Que en comparación a la medición anterior Orsi subió 5 puntos; Cosse bajó 3; Bergara bajó 5 y Lima subió 3.
Que en cuanto al Partido Nacional, tras Delgado se encuentra la excandidata a la intendencia de Montevideo Laura Raffo, con una intención de voto de 21%; la vicepresidenta Beatriz Argimón con un 10%; el senador Juan Sartori con un 9%; el ministro de Defensa, Javier García, con 6% y el senador Jorge Gandini con 3%.
Que como es habitual en la historia política del país, llegaron tarde las medidas adoptadas por el gobierno, -seguro de paro parcial para trabajadores del sector hotelero en todo el país durante los próximos tres meses-, anunciadas a bombo y platillo por los ministros de Trabajo y Turismo.
Que sin pelos en la lengua, la presidenta del Centro de Hoteles de Punta del Este agradeció, no sin antes «informar» lo que los secretarios de Estado aludidos deberían saber: «lo peor es el invierno; sería muy preocupante, -a esta altura-, tener que mandar a alguien a seguro parcial; no es bueno», expresó.
Que Álvaro Delgado, Laura Raffo y Jorge Gandini se encaminan a ser los tres competidores en la interna del Partido Nacional; a la espera de las definiciones del Espacio 40, Mejor País y el sartorismo, cada uno tiene su estrategia delineada con márgenes de movimientos diferentes debido a los cargos que ocupan en el gobierno y en el Parlamento.
Que mientras Delgado continúa con sus actividades como secretario de la Presidencia, y Gandini sigue ejerciendo como senador, Raffo se lanzó a recorrer el Uruguay presentando Sumar, el paraguas compuesto por el Herrerismo y Alianza Nacional que la impulsan como retadora de la interna.
Que aún sin reconocerse como precandidata, Raffo ya definió cuatro ejes que serán centrales en la campaña: la baja del costo de vida; un nuevo giro en seguridad, el salto en competitividad para aumentar el empleo, y la educación dual como continuación de la reforma en marcha.
Que las encuestas señalan que nueve de cada diez salvadoreños aprueban la gestión del Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que ha devuelto la seguridad a las calles con su cruzada contra las pandillas que ejercían control territorial y se financiaban con extorsiones, sicariato y tráfico de drogas.
Que el presidente Luis Lacalle Pou dijo ante la ONU que, a pesar de que Uruguay ha ‘’hecho las cosas bien… y ha logrado un desarrollo humano y económico importante’’, en varias ocasiones queda «afuera del acceso» a los instrumentos de cooperación internacional y por eso instó a que se «actúe con justicia», apelando a una «libertad responsable internacional».
Que en su discurso de asunción ante la Asamblea General, el 1º de marzo de 2020, el presidente Lacalle Pou habló de la “emergencia” y de la “crisis de la seguridad humana” que vivía el país.
Que una de sus primeras acciones de gobierno, ese mismo día, fue reunirse con las cúpulas policiales, y en su discurso en el Parlamento prometió que en su gobierno se cuidaría “a los que cuidan”: “no estamos dispuestos a ceder territorio a la delincuencia o al narcotráfico, y vamos a perseguir el abigeato, que asola gran parte del interior de nuestro país; vamos a recuperar el control de cada rincón de nuestra patria, y también de las cárceles”, afirmó en aquella instancia.
Que transcurridos tres años y medio de gobierno, el tema continúa como preocupación en la opinión pública, y la valoración de la población sobre la gestión no es buena: según una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana llevada a cabo entre el 8 y el 12 de setiembre, el 49% piensa que el desempeño del gobierno en materia de seguridad ha sido malo, el 23% considera que ha sido bueno y el 27% entiende que ha sido regular.
Que con asombrosa celeridad se conoció una declaración de la Asociación de Magistrados del Uruguay, en que rechazan los «ataques» de parte del ministro Heber, calificados de «reiterados y constantes».
Que los magistrados despertaron de su sempiterno letargo y manifestaron su «total rechazo a expresiones que significan la clara afectación de la independencia judicial, así como el evidente y preocupante desconocimiento de los pilares del sistema republicano»; se acordaron de Santa Bárbara cuando tronó.
Que el expresidente Julio María Sanguinetti le sugirió a Robert Silva que pospusiera su renuncia al Codicen hasta marzo, propuesta que fue rechazada por el educador, dado que el aplazamiento le hubiese impedido ser candidato a legislador; quiere integrar una lista al Senado.
Que la candidatura de Robert Silva a la presidencia de la república llevará la reforma educativa a la lógica electoral y correrá mayor riesgo su continuidad.
Que si Robert Silva renuncia al CODICEN para ser candidato, lo hará amparado con toda legalidad bajo el paraguas establecido por la Constitución, dimisión obligada de la Ed. Pública que encuadra en la exigencia de laicidad, autonomía y compromiso, aspectos que históricamente ha demandado la Educación Pública Vareliana.
Que denuncia Caras y Caretas que el gobierno departamental de Maldonado lleva adelante una política de tierras que favorece al capital especulativo, perjudicando a miles de ciudadanos, resaltando que varios ediles son propietarios de inmobiliarias.
Que existe malestar en el vecindario de la Parada 22 de Playa Mansa, porque a pesar de haber realizado todo tipo de gestión formal y presencial ante las autoridades comunales, se autorizó finalmente la construcción del edificio Jardín Paulista de cinco pisos, cuando la ordenanza vigente permite sólo tres.
Que la muerte del carpintero Alcides Duarte dejó en evidencia que la obra de construcción del edificio Jardín Paulista, aprobada por la Intendencia y la Junta Departamental de Maldonado, viola la ley y todas las ordenanzas de construcción, dado que no son viviendas de interés social y por lo tanto beneficiadas con numerosas exoneraciones fiscales porque la venta se promociona en Argentina y Brasil.
Que hace casi un año los vecinos organizados ya habían advertido a las autoridades sobre las ilegalidades y riesgos y que, según dijeron dirigentes del Sunca, “la empresa constructora no cumple con las normas de seguridad y tampoco permite el acceso al sindicato”; con el agravante (Caras y Caretas), de que en medio de este turbio asunto aparecen por lo menos un jerarca departamental, varios ediles y la ex ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira.
Que el presidente del FA, Fernando Pereira, señaló que hay algunos sectores de la coalición que analizan si es “pertinente continuar o no” dentro del espacio oficialista, y precisó que «hay agrupaciones que conversan con el FA y que plantean su disconformidad con las políticas de la coalición que no cumplieron con promesas de campaña”.
Que Cabildo Abierto pide 700 millones de pesos para aumentar los salarios militares como condición ineludible e inexcusable para votar la Rendición de Cuentas, solicitud que se vio incrementada en 200 millones de pesos al aterrizar en el senado.
Que el pedido de aumento abarca prácticamente todos los escalafones militares hasta el grado de teniente coronel, quedando excluidos los generales de ejército, almirantes, generales del aire, contralmirantes, brigadieres generales, coroneles y capitanes de navío.
Que para la senadora Liliam Kechichian, la reciente afirmación del ministro Javier García en el sentido de que el FA en sus 15 años de gobierno no tuvo voluntad política para que se conozca toda la verdad, es una falta de respeto, desleal y despreciable.
Que la presidencia de la república resolvió contratar un consorcio internacional para la instalación y mantenimiento de un sistema de control fronterizo para pasajeros que ingresan y egresan del Uruguay: quienes entren o salgan del país en barco financiarán su funcionamiento, por lo que pagarán US$ 2,10 más IVA por el servicio de seguridad prestado.
Que felizmente la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación no habilitó la construcción de un bloque de seis unidades en el predio donde se levantó la denominada Batería de la Aguada” en Las Delicias de Maldonado, resaltando que la propuesta fue rechazada por dos aspectos: uno arqueológico y otro arquitectónico”, según explicó el arquitecto Willy Rey, titular de la referida repartición del Ministerio de Educación y Cultura.
Que corresponde tomar en cuenta y recordar que la Junta Departamental de Maldonado había concedido una prórroga a la firma Danbet SA., que tenía la iniciativa de construir planta baja y un piso con seis apartamentos en el predio donde podría estar esta pieza histórica, autorización que fue votada en la Junta Departamental por ediles oficialistas con la oposición de sus pares del Frente Amplio.
Que como bien dice el edil del Frente Amplio, Joaquín Garlo, «primó la cordura, la conservación del patrimonio y la protección del paisaje».
Que el Ministerio de Defensa está gestionando una carta de intención con los Estados Unidos para la compra de 20 vehículos blindados todoterreno que serán utilizados para el control de las fronteras por parte del Ejército y quedarán disponibles para su despliegue en las misiones de paz en las que participe Uruguay.
Que la Fiscalía Letrada en lo Penal de Montevideo de Flagrancia de 12º turno solicitó este martes la formalización de Marcelo Acuña, militar retirado y gerente de Vertical Skies involucrado en el caso de presunto espionaje contra los senadores frenteamplistas Charles Carrera y Mario Bergara.
Que tras la comparecencia de las autoridades de la cancillería ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda del Senado, el senador frenteamplista Daniel Caggiani denunció que hay más designaciones directas en la Comisión Administradora del Río Uruguay que en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
Que más allá de que Sartori tenga separación de bienes y su esposa sea extranjera y se haya casado en otro país, el senador Gandini precisó que la ley nos obliga a todos por igual a hacer una declaración jurada de nuestros bienes e ingresos, y también de los de nuestra pareja; por lo tanto, si él acudió a la Suprema Corte de Justicia para establecer la inconstitucionalidad de esa ley, y por más que pueda no compartir su fallo, el mismo es inapelable y está vigente.
Que Sartori instó a la tranquilidad al candidato frenteamplista a la presidencia de la república, quien en rueda de prensa se preguntó: «¿qué problema hay en trasparentar datos?»
Que muy mundano le espetó Sartori: «quedate tranquilo Yamandú Orsi; todavía no decidí si voy a ser precandidato».
Que la coalición de gobierno nacional sigue formalmente unida, al punto que los partidos que la integran volverán a competir juntos contra el Frente Amplio en las elecciones del año que viene, razón por la cual sería muy malo para sus intereses anunciar que su acuerdo terminó para recrearlo tiempo después.
Que no puede ni debe sorprender a nadie que el partido de Manini Ríos reclame aumentos del gasto militar, como lo hizo en 2020, 2021 y 2022; y en este 2023 con más razón por la cercanía de las elecciones, instancia republicana que puso nuevamente en escena sus demandas, no sólo de aumentos salariales sino también de bonificaciones por trabajo nocturno y recursos para el Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas.
Que dice en Apuntes del Día de la diaria, Marcelo Pereira, que el personal subalterno del Ministerio de Defensa Nacional no está bien remunerado, (chocolate por la noticia) pero que tampoco es el sector de la sociedad con necesidades más graves y urgentes (tiene, por ejemplo, alimentación asegurada), y que la idea de que el gasto militar es una prioridad absoluta en el Uruguay de hoy es entre descabellada e indignante.
Que el edil frenteamplista de Maldonado, Joaquín Garlo, recordó que en 2001 el entonces ministro de Turismo Pedro Bordaberry hizo un llamado público internacional para explotar turísticamente la Isla de Lobos y que, si bien se presentaron tres empresas interesadas, el proyecto fracasó ante el rechazo rotundo de la academia y del entonces titular de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, Yamandú Flangini.
Que en esta oportunidad, varios vecinos y turistas, además de figuras políticas, pidieron apurar el ingreso de la isla al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SNAP, y su categorización como Parque Nacional, a fin de evitar que un proyecto turístico afecte “gravemente la zona”, al punto que para el referido edil, Joaquín Garlo, es necesario “poner fin a la piqueta de Antía, que ataca directamente al patrimonio natural del departamento”.
Que el plebiscito contra la reforma de la seguridad social que impulsa el PIT-CNT ha sido uno de los temas que marcaron la agenda política y mediática en las últimas semanas, y en ese contexto, y antes de que inicie la recolección de firmas, la encuestadora Cifra preguntó a 1.000 personas: “¿Firmaría para que se realice el plebiscito para derogar la reforma previsional?”; de acuerdo con datos difundidos este martes por Telemundo, un 30% expresó que “seguro firmaría”, un 35% “no firmaría” y 15% “probablemente firmaría”. Por otra parte, un 20% optó por no opinar.
Que las personas de los grupos de 30 a 44 años y 45 a 59 años son las más dispuestas a firmar, 49% y 50% respectivamente. Entre las personas mayores de 60 años, el porcentaje desciende a 41%. Este es el mismo resultado que para los más jóvenes (menores de 30 años).
Que luego del escándalo en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que derivara en la renuncia del nacionalista Carlos Albisu, ahora las miradas se posan sobre la Comisión Administradora del Río Uruguay, que dirige el también nacionalista Mario Ayala, en la que, según denuncia el Frente Amplio, son 43 las contrataciones directas.
Que el Senador Daniel Caggiani (FA) se refirió al coto de caza del Partido Nacional y de algunos sectores del Partido Colorado para ingresar a dedo a amiguitos políticos», y que la información sobre las irregularidades que se han extendido a la Comisión Administradora del Río Uruguay, CARU, la han sacado a «cuentagotas» a partir de «preguntas y repreguntas» a los jerarcas renuentes.
Que el mercado de trabajo registró en agosto una caída de la tasa de empleo y un aumento al 8,2% de la tasa de desocupación, lo que equivale a unas 152.300 personas sin trabajo de acuerdo con la información divulgada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Que concomitantemente, la tasa de empleo tuvo un descenso, pasando de 58,6% en julio a 58,2% en agosto, en tanto que el desempleo es 7,3% en la capital, y trepa a 8,8% en el interior; según estima el INE, dentro de las personas empleadas el 8,7% está subocupada, en tanto que la tasa de no registro en la seguridad social es de 21,8%.
Que para Esteban Valenti, en el muy lejano caso de que se aprobara la ley de reforma de las jubilaciones y pensiones no se beneficiaría en absoluto a los trabajadores; se pondría en peligro al país de sufrir demandas por miles de millones de dólares, y se crearían serias dificultades para avanzar con una ley de reforma integral y progresista del sistema de previsión social, por parte de un gobierno del FA, de izquierda, pero además afectaría la aplicación de un programa integral de cambios para favorecer a la mayoría de los uruguayos.
Que el intendente de Artigas, el nacionalista Pablo Caram, naturalizó el trabajo infantil en las plantaciones de tabaco de su departamento, afirmando que “es mucho mejor ver a un gurí trabajando que con el celular”, aseveración que suscitó que el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, ordenase el inicio de una investigación urgente.
Que la Junta de Transparencia y Ética Pública resolvió intimar al senador del Partido Nacional Juan Sartori a que presente la declaración jurada de su esposa, para lo que se le dio un plazo impostergable de 15 días.
Que dos diputados del Partido Nacional de Canelones decidieron apoyar a Yamandú Orsi para su precandidatura a presidente de la República, y firmaron renuncia a sus sectores políticos en las últimas horas, según consignó la radio El Megáfono Pando.