Por Fernando del Pino Calvo-Sotelo

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Recibimos y publicamos.-

 

Esta locura debe acabar. El programa de vacunación masiva con vacunas y terapias genéticas en gran medida experimentales para combatir una enfermedad que cursa leve para la inmensa mayoría de la población se está convirtiendo en un escándalo de salud pública, y su extensión a niños y adolescentes sanos es simplemente inmoral. Contrariamente a lo que repite la histeria colectiva creada por el contubernio político-mediático-farmacéutico, la vacunación a estas edades no protege a los niños de nada, pues para ellos el covid es levísimo, ni protege a sus padres o abuelos, pues los contagios de niño a adulto son inhabituales[1] y, sobre todo, caramba, porque estas vacunas no impiden ni el contagio ni la transmisión[2], como estamos viendo. En cambio, exponen innecesariamente a los niños a potenciales efectos adversos a corto plazo que aún poco probables pueden ser serios, como la miocarditis (“con cuadro clínico atípico y de pronóstico incierto a medio plazo”, según el JCVI británico[3]), y a la incertidumbre de efectos secundarios desconocidos a largo plazo. ¿Cómo calificarían ustedes a una sociedad que pone en riesgo la salud de los niños para que algunos adultos duerman más tranquilos? Por tanto, recomiendo a los padres que, antes de tomar una decisión que será irrevocable, se lo piensen mucho y no se dejen arrastrar por razones equivocadas como la presión social, sino valorando exclusivamente los riesgos y beneficios para sus hijos, que no pueden defenderse ni opinar por sí mismos. Asimismo, si sus pediatras recomiendan vacunarse exíjanles la firma de la correspondiente receta para que asuman su responsabilidad.

Una miríada de estudios y datos epidemiológicos recientes confirman que las vacunas y terapias genéticas no impiden ni el contagio ni la transmisión del covid y que su eficacia para reducir la gravedad se ha reducido mucho. De ahí la sorpresiva tercera dosis, inoculada en estado de pánico por Israel ante la evidencia del fiasco vacunar y promovida de tapadillo en España para intentar disimular dicho fiasco. Hace poco nos decían que dos dosis y un 70% de inmunidad de rebaño acabarían con la epidemia. Ahora son tres o cuatro dosis (¡en pocos meses!) y un 95%. Vaya tomadura de pelo.

El desmedido afán de lucro de las empresas farmacéuticas, la incalificable campaña de terror mediática y oscuros intereses políticos propiciaron desde un principio que el foco se pusiera en reducir el número de contagios y no el de muertes, algo absurdo en una enfermedad que cursa leve para la mayoría. Acto seguido se torpedeó sistemáticamente la aparición de tratamientos baratos y prometedores dirigidos sólo a los enfermos de riesgo y se hizo creer a la opinión pública que la única esperanza eran unas lucrativas vacunas poco testadas y dirigidas a toda la población. Una vez vacunada la población de riesgo era imprudente y estéril continuar vacunando indiscriminadamente, pero nos dijeron que las vacunas pararían la epidemia y nos devolverían a la normalidad. “Primero les encerramos, luego les asustamos y finalmente les vacunamos a todos”, fue la consigna.

Pues bien, la falacia se ha topado con la realidad. Las altas tasas de vacunación no están frenando los contagios. En septiembre, un estudio realizado en 68 países observó que, al contrario de lo esperado, “las zonas con mayor porcentaje de población totalmente vacunada tenían más casos de COVID-19 por cada millón de habitantes[4]”. En este sentido, según otro estudio publicado en The Lancet Infectious Diseases, los vacunados que enferman de covid parecen ser ligeramente más contagiosos que los no vacunados, con una carga viral similar. Para más inri, otro artículo científico ponía de manifiesto que “la aparición y frecuencia de nuevas variantes resistentes a las vacunas está fuertemente correlacionada con las tasas de vacunación”, es decir, que a mayor porcentaje de vacunados, más variantes. Y según un estudio sueco publicado como pre-print en The Lancet, Pfizer y Astrazeneca (85% de las vacunas administradas en España) no tienen “ninguna eficacia” para prevenir la infección de covid pocos meses después de su inoculación, y su eficacia para reducir la gravedad y muerte ha caído hasta un “indetectable” 42% seis meses después de vacunar. No olviden que todos estos datos son anteriores a la llegada de la famosa variante Omicron, convertida en chivo expiatorio del fiasco vacunal. Quizá por ello, según el Ministerio de Sanidad actualmente en España el 71% de los hospitalizados y el 80% de los muertos por covid mayores de 60 años son personas perfectamente vacunadas[8]. La evidencia comienza a ser abrumadora. Así, un recientísimo artículo en The Lancet con datos de varios países ha denunciado “la gran negligencia” de las autoridades sanitarias al negar tal evidencia en una cínica huida hacia adelante.

En Alemania “seis de cada diez casos sintomáticos de COVID-19 de mayores de 60 son personas totalmente vacunadas [ya son siete de cada diez], proporcionando una clara evidencia de la creciente relevancia de los vacunados como posible fuente de transmisión”.

En el Reino Unido, nueve de cada diez nuevos casos de COVID-19 entre mayores de 60 años “se produjeron entre los totalmente vacunados”, y una semana antes “la tasa de casos de COVID-19 por 100.000 había sido mayor entre el subgrupo de vacunados que en el de no vacunados” de 30 años o más.

Y en Israel un brote hospitalario cuya fuente había sido un paciente vacunado tuvo como resultado que “catorce pacientes totalmente vacunados enfermaron gravemente o murieron, mientras que los dos pacientes no vacunados desarrollaron una enfermedad leve”. The Lancet concluye:

“Es una gran negligencia ignorar a la población vacunada como una fuente de transmisión posible y relevante”.

Estos datos desmontan por completo el paripé del pasaporte covid, la persecución de los no vacunados y los programas de vacunación infantil.

El carácter voluntario-obligatorio de estas vacunas en Europa ha vulnerado principios médicos y éticos. No así en Japón, donde el Ministerio de Sanidad deja claro que la vacuna COVID-19 “no es obligatoria ni forzosa, sino que sólo se realizará con el consentimiento de la persona a vacunar tras la información facilitada”. Y añade: “Le rogamos que se vacune por decisión propia, comprendiendo tanto la eficacia como el riesgo de efectos secundarios; no se administrará ninguna vacuna sin dicho consentimiento, y por favor, no obligue a nadie en su lugar de trabajo o a los que le rodean a vacunarse, y no discrimine a los que no se han vacunado[10]”.

Y aquí, ¿dónde están los consentimientos informados? ¿Qué médico ha firmado nada? ¿Dónde queda el respeto a los no vacunados en este ambiente de histeria y fascismo sanitario?

En España algunos sátrapas regionales, repanchingados en sus palacetes feudales, imponen a sus siervos la presentación de un salvoconducto para entrar en un hospital o tomarse una cerveza, y da igual que semejante atropello se base en una superstición, pues el vacunado transmite el virus exactamente igual (o más) que el no vacunado. ¿Y qué decir de la Sala del Tribunal Supremo (con la numantina excepción de un voto particular) que se ha prestado a esto autorizando el pasaporte covid con contradicciones que causan rubor?

Repito: esta locura debe acabar. Ha llegado el momento de exigir a los responsables políticos que digan la verdad a la población sobre las limitaciones de eficacia y seguridad de estas vacunas y que detengan la campaña infantil. Para los niños sanos esta vacuna tiene muchos más riesgos que beneficios y, como dice el inmunólogo norteamericano Robert Malone, coinventor de la tecnología de las vacunas ARN mensajero, “la razón que le están dando para vacunar a su hijo es mentira: sus hijos no presentan peligro alguno para sus padres o abuelos[11]”. Yo aún diría más. No es deber de los niños proteger a los adultos, pero sí es deber de los padres proteger a sus hijos.

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