¡DESDE PAYSANDU!
Por Eduardo Rodríguez.-
Polémica decisión de la Intendencia de Paysandú: vivienda que alojaba mujeres violentadas pasó a ser residencia de jerarca
La Intendencia de Paysandú habría definido un nuevo destino para un inmueble que hasta hace pocas semanas estuvo dedicado a la recepción de mujeres en situación de violencia doméstica y que ahora sería casa habitación de una persona que reside en otro departamento y que regularmente asiste a la capital sanducera para cumplir con su trabajo como jerarca en la comuna.
La comunicación informal de una decisión trascendente
Diversas fuentes consultadas coincidieron en confirmar que la vivienda ya no está destinada para aquel propósito y una de ellas, que prefirió no ser identificada, relató: “hace un par de meses la Intendencia comunicó que esa casa ya no estaba disponible, sin dar más detalles. Para nosotros fue como un balde de agua fría y nos hizo pensar en el futuro del programa”. El espacio implicaba la posibilidad concreta de ofrecer un albergue temporal a mujeres y niños víctimas de violencia, retirándolos de la convivencia con el agresor. El servicio se organizó según un protocolo elaborado, en conjunto, por Poder Judicial, Ministerio del Interior – Jefatura de Policía, MIDES, INAU, Dirección Departamental de Salud, las prestadoras de salud locales y la propia Intendencia. Desde que se hizo operativa la decisión del nuevo gobierno departamental conducido por Nicolás Olivera las personas atendidas por el plan son derivadas hacia habitaciones de hoteles y la propia comuna estaría colaborando con los pagos de esas contrataciones. Sin embargo, esta nueva situación ha generado sospechas y algunos ediles opositores adelantan que pedirán informes para saber qué criterios sigue la Intendencia para elegir los hoteles que contrata.
“Espacio de seguridad y paz”
El inmueble, conocido como “la casa del intendente”, está en la zona céntrica de la ciudad y fue construida durante la última dictadura, desde entonces no ha sido usada como residencia. En marzo de 2017 pasó a funcionar como “casa de acogida” “como forma de dar respuesta a mujeres que viven situaciones de violencia y requieren urgentemente un lugar para salvaguardarse”. Según el protocolo del servicio, se trataba de un albergue temporal, en un “espacio de seguridad y paz”, mientras que la asistencia de técnicos en diversas áreas colabora con la planificación de “una vida libre de violencia e iniciar procesos de autonomía y empoderamiento”. Las mujeres, solas o con hijos, permanecían allí hasta ocho días, siempre como resultado de la derivación del Poder Judicial. La casa brindaba “seguridad para la integridad física, alimentación, comodidades básicas en habitación, cocina y baño”.
Cuando el entonces intendente Guillermo Caraballo anunció la decisión de reorientar el uso de la casa explicó que hasta entonces era ocupada para dos fines: alojar a personas que asistían de vez en cuando a la ciudad para dictar talleres o para desarrollar reuniones. “Entre esos dos objetivos, está claro que elegimos este y lo disponemos para que prontamente pueda ser utilizado con este cometido”. El fin era aportar una alternativa transitoria ante un gravísimo problema que castiga a la sociedad uruguaya en el que el gobierno departamental, sin tener injerencia directa, “no podía mirar para el costado”. Las autoridades del quinquenio anterior no tomaron la previsión de encontrar algún mecanismo para que la Junta Departamental apoyara la iniciativa sentando las bases para constituir una política de Estado, que trascienda períodos. Sin embargo, el valor del servicio desarrollado en la vivienda podría hacer pensar que el propósito no cambiaría. Algunos exjerarcas contaron que “lamentablemente la casa siempre estuvo ocupada, incluso atendió algún caso extremo de una señora con hijos que, excepcionalmente, permaneció casi un mes porque no tenía condiciones mínimas de seguridad para volver a su casa”. Además el refugio recibió personas provenientes de otros departamentos dado que en pocos lugares existen casas de acogida.
Los ediles quieren saber
Con fecha 1 de febrero de 2021, los ediles frenteamplistas Mabel De Agostini, Andrés Imperial, Julia Cánovas, Emerson Arbelo, Danny Collazo, Juan Rodríguez y Paola Ifrán elevaron un pedido de informes al intendente, sin que al momento hayan recibido respuestas. Preguntan: 1) ¿Cuáles serán las Políticas de Género a implementar en este quinquenio y a cargo de quién?; 2) ¿Qué destino o función va a pasar a cumplir la denominada “Casa del intendente”?; y 3) Por datos certeros que manejamos sabemos que el actual director de Tránsito estaría viviendo allí. ¿Es esto veraz? De ser así: ¿Bajo qué criterio se re direcciona el destino que tenía anteriormente para ahora ser habitada por altos jerarcas municipales?.
De acuerdo a datos extraoficiales, la edil Paola Ifrán adelantó que “de manera totalmente informal la Intendencia dio de baja su participación en ese programa” y según consideraciones primarias el motivo de fondo tendría que ver con la reconsideración de las erogaciones de la comuna en tanto se habría calificado ese aporte como un gasto. Agregó que poseen información “muy calificada” que les permite asegurar que la vivienda pasó a ser residencia de ese integrante del equipo de gobierno. “Pero más allá de lo que nosotros hemos investigado y logramos averiguar, queremos que Olivera le explique a la ciudadanía su decisión”, sentenció la edil.
Esta señal, que se podría valorar como falta de compromiso con las políticas de género, coincide en el tiempo con la contratación de Sergio Escobar, alias “el zorro”, quien hasta hace pocos meses estuvo recluido por delitos reiterados de proxenetismo, explotación sexual de menores y lavado de activos.
Paysandú es uno de los departamentos con mayor índice de denuncias por violencia de género y familiar aunque en los primeros 45 días de 2021 el número descendió respecto a igual período de 2020, informó el jefe de Policía. Crio. Gral. ® Eduard Álvez.
