¡DESDE PAYSANDÚ!

Organizaciones pro Derechos Humanos asumen que el intendente no quiere rescindir contrato con ex proxeneta…

El intendente Olivera no piensa en rescindir el contrato con el ex proxeneta, por el contrario, intenta encontrar apoyos que, de alguna manera, legitiman y blanquean su decisión, así valoran la situación desde los colectivos que trabajan por los derechos humanos y, en buena medida, han sido responsables de la denuncia pública del cuestionado ingreso.

Desde esas organizaciones sostienen que si el jerarca tuviese la voluntad de desandar sus propios pasos y dar por concluida la relación laboral, formalizada a través de la Fundación “A Ganar”, ya habría concretado las medidas respectivas.

Pero todo indica que el funcionario no está dispuesto a formalizar esa desvinculación con quien está  contratado a través de la mencionada fundación para la tarea de “supervisor”  en el área de Espacios Verdes y Paseos Públicos.  El hombre, que estuvo recluido hasta hace pocos meses por delitos de proxenetismo, explotación sexual de menores y lavado de activos, desarrolla una tarea que lo vincula con rango de superioridad con personas en situación de vulnerabilidad, especialmente con muchas mujeres, por la que percibe un salario nominal mensual de unos 66.000 pesos además de disponer de vehículo y comunicación (teléfono e internet), también a costo de la comuna.

Hace un mes y medio varios de estos colectivos fueron convocados a una reunión con el propio jerarca y la encargada de la Unidad de Género de la Intendencia, instancia que surgió de la mediación del comisionado parlamentario para el Sistema Carcelario, Juan Miguel Petit. Es cierto que algunos integrantes del gobierno departamental esperaban que  Petit explicita públicamente su apoyo a la contratación del ex recluso. Como era previsible, el comisionado no se animó a tanto pero sí gestionó una reunión en la que acercó al intendente a las organizaciones sociales.  En ese ámbito Olivera propuso la conformación de “un espacio de trabajo conjunto” como forma de trascender el problema, sin más detalles. Sin embargo,  cuando fue consultado sobre en qué momento finaliza el contrato del ex recluso sólo manifestó evasivas y un gráfico “les aviso”.

Algunos días después, cuando asistió a la Junta Departamental a presentar su informe por los primeros cien días de gestión, se refirió a la contratación como “un error”  y anunció la intención de “resolver esto en diálogo con distintas organizaciones”.

En todos los casos las afirmaciones del jerarca carecieron de precisión y siempre transitaron por un espacio de grises. Aunque también es claro que, en general,  esa ha sido la forma en la que la comuna manejó este asunto.

Transcurridas varias semanas de aquella reunión y de la comparecencia en la junta Departamental, y a la luz de los hechos, integrantes de los colectivos asumen que el intendente no prescindirá de quien fue un militante destacado en su campaña electoral. Asumen que siempre se cuidó de no comprometerse a ese extremo y habló de manera genérica sobre la importancia de “resolver esto con diálogo” pero, claramente, sin rescindir el ampliamente rechazado contrato.

Las organizaciones consideran la conclusión del vínculo laboral como una condición innegociable para avanzar en ese pretendido trabajo conjunto que al momento no pasa de una aparente formalidad interesada en salvar una compleja situación que tiene nombre propio y que la principal institución del departamento se dispone a preservar, aparentemente sin que importen los costos.

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