Cuándo la fiscalía General del Dr. Jorge Díaz dispuso comenzar una investigación para conocer cuál era la relación política de la fiscal de Carmelo Natalia Charquero, y el ex Intendente de Colonia Carlos Moreira, muchos pusieron el grito en el cielo y recibió desde el sistema político muchísimas críticas.
Hubo quienes aseguraban que violaba la independencia técnica de los fiscales, algo reiterada desde que se implantó el nuevo código.
Otros, hasta se animaron a pedir la destitución de Díaz, como lo hizo el partido que lidera Eduardo Radaelli, Cabildo Abierto.
Nosotros estuvimos muy distantes a ambas posturas. Creemos que en primer lugar, el Dr. Jorge Díaz, está en todo su derecho legal de tomar la iniciativa.
Además, es su obligación, si hay sospechas reales de una relación amistosa y política de la fiscal con Moreira investigar.
No solo para controlar una situación presuntamente irregular, sino, que para la propia tranquilidad de la fiscal Charquero.
La prueba que estamos en lo cierto, es que el fiscal general adjunto Ariel Cancela decidió archivar la investigación administrativa iniciada contra la fiscal de Carmelo Natalia Charquero por su actuación en el caso del ex intendente de Colonia Carlos Moreira.
Los argumentos del Dr. Cancela son sólidos.
Concluyó que Charquero fue militante del Partido Nacional antes de asumir como fiscal, y que no mantiene ninguna relación con Moreira.
De esta manera, la Fiscal Charquero queda claramente bien parada y que el archivo de la denuncia contra Carlos Moreira fue realizado sin ningún tipo de presión, ni relación con el ex intendente.
De esta manera, Moreira es la tercera vez que es declarado inocente de la denuncia en su contra.
Un caso absolutamente claro, algo que presuntamente fue orquestado por motivos estrictamente políticos, intentando perjudicar a Moreira y desacreditarlo ante la opinión pública para lograr resultados electorales.
Un audio que se presentó ante la justicia que tenía 15 cortes editados absurdamente, quitando partes del mismo, que le hicieron perder totalmente la realidad de ese diálogo privado.
Un coloquio que había existido mucho tiempo antes de hacerse público, que se puede presumir seriamente, fue “aguantado” hasta que llegaran los tiempos electorales.
Sin duda, un expediente que tuvo un primer fallo favorable a Moreira, que luego fue apelado y nuevamente fue favorable, hasta que se le pidió a otra fiscalía que lo estudiara nuevamente.
Y en esta última instancia, nuevamente no se encontraron méritos para sancionar a Moreira y se archivó.
Como si fuera poco, la fiscal que decretó el último archivo (Dra. Charquero) fue investigada administrativamente, concluyendo en un nuevo y definitivo archivo de la causa.
¿Y ahora qué? Quedó firmemente probado que no hubo delito, que no se otorgó un trabajo zafral ni se renovó uno a cambio de una propuesta sexual.
Sin duda que debemos presumir que todo fue armado para que Moreira quede fuera de carrera electoral en la intendencia.
Se puede no estar de acuerdo con algunos léxicos de Moreira escuchados en esa conversación privada entre dos personas que durante un buen tiempo tuvieron un romance, pero de ahí a que haya un delito, como se pretendió probar con la denuncia, es una locura.
¿Quién paga ahora el daño moral?
Moreira debió renunciar a su partido político (Partido Nacional), también perdió al renunciar, su banca de Senador de la República.
Queda también muy claro, que la Fiscalía General, actuó correctamente, que no hubo violación a la independencia técnica de la fiscal Charquero y que ésta, actuó a reglamento.
Sería bueno escuchar las voces que prendieron fuego a Díaz y lo expusieron al odio y a la sospecha.
Sin duda que se hace política barata con el pedido de destitución del doctor Jorge Díaz, y que cuando intentamos profundizar sobre los motivos reales de querer sacarlo de su cargo, solo aparece su pasado presunto integrando el Partido Comunista.
Algo que es insólito, que por haber integrado los cuadros del Partido Comunista ya está bajo sospecha.
¿Si tuviera un pasado como pachequista por ejemplo estaría habilitado?
Desde estas páginas, hemos criticado muchas posturas del Dr. Jorge Díaz, incluso cuando fue juez, especialmente en algunos casos emblemáticos, como la muerte y las armas del Contador Feldman.
Pero no somos enfermos radicales, como hay algunos personajes, que solo miran la ideología, y con eso descalifican directamente.
Aparece el ex Fiscal Gustavo Zubía, ahora como Diputado Colorado, presentando un proyecto para cambiar la integración de la fiscalía General (no lo hemos leído aun), pidiendo que se sustituya a un solo Fiscal General, por un triunvirato de fiscales.
Si esto ocurre, la decisión final, la va a tomar siempre el sistema político, ya que son los políticos, que nombran al fiscal General.
Se le imputa a este sistema actual, que el fiscal general “manda preso a quién quiere, y no manda preso a quién no quiere”.
¿Y la justicia? ¿Y el Poder Judicial? ¿Ya no existe? ¿No hay más jueces y tribunales que tienen la última palabra?
¿Los llamados pactos entre jueces y abogados defensores, no son refrendados por los jueces?
Aquí hay gente (Cabildo Abierto) que siente un especial odio hacia el comunismo y se dan el lujo de decir en uso de sus fueros parlamentarios cualquier disparate acusando a jueces de ser corruptos, sin que nadie haga, ni diga nada.
Imaginen si yo digo yo o cualquiera de nuestros lectores lo siguiente…
«En este país se está atropellando el Estado de derecho por parte de ciertos actores de la Justicia que han procesado y condenado a inocentes en base a falsos testimonios, que no respetan principios básicos del derecho como el de la irretroactividad de la ley y los tiempos de prescripción»
«Hay un cuerpo organizado de jueces genuflexos, prevaricadores, que abusarían de sus facultades y no brindarían garantías en las causas por crímenes cometidos durante la dictadura».
Sin duda que tendría problemas con la justicia ¿Verdad? Pero el Senador Guido Manini Ríos lo dijo en uso de la palabra desde su banca de senador, y más allá de un comunicado de los jueces rechazando los dichos, no pasa nada.
Acusa a jueces a ponerse de rodillas, a incitar a faltar con sus deberes a otros, que abusan de su poder y que no brindan garantías en su trabajo o fallos.
