¡DESDE PAYSANDÚ!
Intendencia de Paysandú privatizará la gestión de recuperación de morosos de todos los tributos cuya recaudación le corresponde…
El viernes 14 de mayo de 2021 la Intendencia de Paysandú publicó en su página web la Licitación Pública Nº102178/1 titulada: “Contratación para realizar gestión de cobro de tributos morosos”. Como resultado de la convocatoria, la comuna cederá “la gestión de cobro de tributos morosos correspondientes al impuesto de contribución inmobiliaria y demás tributos que se cobran conjuntamente, sin perjuicio de otros tributos y precios que por la normativa vigente le pudiere corresponder a la Intendencia Departamental de Paysandú, y de precios adeudados por servicios licitados, con una antigüedad moratoria mayor a tres (3) meses, incluyendo aquellos que se encuentren en procesos litigiosos”.
La firma que resulte electa como gestora “deberá realizar todas las tareas y actividades tendientes a lograr el efectivo cobro de los tributos morosos” y su desempeño será tanto “en el ámbito administrativo, extrajudicial como judicial, en el primero de los casos mediante intimación, sea escrita o llamado telefónico, carta y/o entrevista al amparo de las normas legales vigentes y en el segundo cuando no prosperen las gestiones anteriormente dichas”. Prevé que cuando las gestiones extrajudiciales no obtengan resultados, “la Intendencia confeccionará los correspondientes títulos ejecutivos para su cobro judicial, al tenor de lo establecido en el artículo 157 de la Ley Nº 17.556 en la redacción dada por el artículo 686 de la Ley Nº 19355”. Esto implica que el gestor “deberá asumir la representación judicial de la Intendencia de acuerdo a lo que se establezca en el contrato de Gestión”.
Las gestiones de cobro se podrán realizar en cualquier lugar del país pero los trámites judiciales se deberán ejecutar desde juzgados del departamento mientras que correrá por cuenta del oferente “la estructura física y humana necesaria para el buen desarrollo de la tarea”. La comuna se guarda la atribución de aprobar el “texto de la comunicación” que se empleará en las gestiones telefónicas (etapa administrativa) y establece la obligación de “mantener registros grabados” de esas comunicaciones.
La Intendencia se obliga a “colaborar” con el Gestor entregando “la información que sea necesaria para el cumplimiento del contrato” al tiempo que asegura que todos los morosos que integren la cartera tercerizada “deberán contactarse y acordar la forma de pago con el Gestor” que aportará “periódicamente” “la información y los datos que la Intendencia le requiera”. El tercero no podrá transferir, ceder o dar en garantía la cartera.
El tercero no percibirá dinero directamente, los contribuyentes deberán pagar sus acuerdos en redes descentralizadas o en la propia Intendencia.
La empresa recibirá un porcentaje de lo que efectivamente recupere. Respecto al plazo de contratación el llamado expresa que “el contrato se perfeccionará con su otorgamiento y su vigencia será de 18 meses renovables en periodos de 12 meses”. La apertura de las ofertas será el jueves 10 de junio a las 14:00 horas en la sede de la Intendencia.
El 23 de abril la Junta Departamental aprobó con los votos de sus 31 ediles un plan de recuperación de deudas que en su artículo noveno faculta al Ejecutivo a iniciar acciones contra los “contribuyentes morosos comprendidos en el presente régimen que no se hayan presentado a regularizar su situación”. Esas “acciones de cobro” podrán ser “por cuenta propia o de terceros”, como sucederá efectivamente. No obstante la comuna cederá una cartera ya definida que actualizará cada tres meses con quienes incumplan con el plan que estará operativo desde fines de mayo o principios de junio.
Llamativamente el plan de recuperación tuvo escasa discusión en el ámbito legislativo y muy poca difusión en los medios aunque sí logró unificar el apoyo de los partidos representados en la Junta. Sin embargo, la iniciativa tiene varios aspectos que son motivo de polémica. De hecho, algunas personas con reconocida formación académica y consolidada opinión política han valorado que se trata de un texto “con vicios formales y muy poco conveniente para los contribuyentes”. Otro asunto que sólo la práctica dilucidará refiere a la pertinencia del momento elegido para desarrollar estas acciones de recupero. La compleja situación económica y social que castiga a Paysandú pareciera relativizar las expectativas de los más optimistas en cuanto a que la gente pueda, efectivamente y aun cuando lo desee, cumplir con esas obligaciones. Ahora, la decisión de privatizar la cartera de deudores agregó una preocupación extra en algunos sectores del Frente Amplio en tanto esto podrá implicar que se agreguen nuevas y serias dificultades para muchos vecinos; lamentablemente el tema no fue visualizado en profundidad en el ámbito correcto y en el momento justo. Quienes se adhieran al plan tendrán que cumplir el requisito de informar, en forma de declaración jurada, sobre los bienes muebles e inmuebles que posean. Se supone que ese caudal de información será cedido al gestor para “colaborar” en la tarea, posibilidad de preocupa a varios.
