Por Ricardo Domínguez

 Último Edil pachequista

 

En su última edición, el Semanario Búsqueda en su página 3, publicaba una nota, donde decía que “Cabildantes y Colorados impidieron la aprobación de un decreto que ubicaba en 1968 el inicio de las violaciones a los derechos humanos”, y agregaba que seis ministros ya habían firmado el proyecto redactado por la Presidencia de la República, cuando comenzaron las críticas sobre su redacción.

Lo llamativo es, que este proyecto andaba circulando desde principios de diciembre en forma muy solapada, y en lugar de ser discutido y firmado en los habituales Consejos de Ministros, lo hicieron secretamente entre gallos y medias noches, como para no levantar mucha polvareda, de Ministerio en Ministerio, con la intervención de un funcionario, siendo las primeras firmas, los pertenecientes al Partido Nacional y quizás, del Partido que antes votaba con el Frente Amplio en el pasado.

Los representantes de los Partido Colorado y Cabildo Abierto rechazaron el proyecto porque abarcaba las presuntas violaciones de los DD.HH. ocurridas en dos períodos: entre 13 de junio de 1968 y el 26 de junio de 1973, y entre el 27 de junio y el 28 de febrero de 1985.

Cabe agregar que estos dos períodos fueron fijados por la Ley 18.596, en las que se estableció una reparación económica a las víctimas, de la presunta actuación ilegítima del Estado en el período comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985. Esta Ley que beneficia a sediciosos e integrantes del Frente Amplio, fue aprobada en el año 2009 solo con los votos de ese partido y el Partido Independiente que hoy está en el Gobierno, aunque permanentemente cuestiona los hechos del pasado.

Es bueno recordar, que esas posibles “víctimas”, habían sido una banda de delincuentes y terroristas, que atentaron contra el Gobierno Constitucional del Partido Colorado y todas sus Instituciones democráticas, y que, además, durante ese período, los Comunistas organizaban revueltas e incitaban a la violencia armada, y los Tupamaros, protagonizaron 32 ataques a la propiedad privadas, 45 atentados, 50 copamientos, 7 fugas masivas de las cárceles, 134 robos y 23 secuestros. Pero también, cometieron 54 asesinatos a los uruguayos: 33 Policías, 12 militares, 8 civiles y un niño.

Hay que destacar, que, precisamente el 13 de junio de 1968, el Gobierno del Presidente colorado, Jorge Pacheco Areco, para enfrentarlos con decisión y firmeza, tuvo que implantar las Medidas Prontas de Seguridad ante la creciente situación de público desorden. Estas Medidas están consagradas en la Constitución de la República, que deben ser comunicadas inmediatamente al Poder Legislativo, y este, si así lo cree conveniente, las pueda levantar. Algo que obviamente no lo hizo, por lo que consideraba que eran necesarias para calmar el estado de situación que venía organizando la izquierda en el país.

 

SUCESOS QUE SUFRÍA EL PAÍS EN 1968

 

Durante ese fatídico 1968, la izquierda, los comunistas y fundamentalmente los terroristas tupamaros venían cometiendo una serie de actos, que preocupaban la estabilidad del país.

Ya en enero, los sediciosos habían robado de una cantera en Pan de Azúcar media tonelada de explosivo gelignita, para cometer sus criminales atentados.

También, no descuidaron su necesidad de recaudar dinero, y por eso robaron el Banco UBUR, alzando con un importante botín.

Por otra parte, el notorio Pastor metodista Emilio Castro Pombo dice que marxistas y cristianos pueden colaborar en la liberación de América Latina, que era a través de la lucha armada.

En 1968, se realiza otra marcha de los cañeros de Artigas, agrupados en UTAA, y orientados por el sedicioso Sendic, hacia Montevideo.

Por otro lado un núcleo de ciudadanos indignados, presentan Carta a la Cámara de Representantes pidiendo Juicio Político para separar de sus funciones a los diputados Rodney Arismendi de actividad comunista, y Ariel Collazo activo revolucionario, que habían asistido a la Conferencia de OLAS (Organización Latinoamericana de Solidaridad) creada en Cuba, desde donde se promovía el advenimiento de una revolución marxista-leninista que se impondría por la fuerza de las armas a todos los pueblos de Latino América, con Uruguay incluido.

Por el mes de mayo, comienzan a realizarse en Montevideo una serie de manifestaciones y desórdenes estudiantiles, interrupciones y bloqueos en el tránsito, distribución de proclamas subversivas, ataques a los bancos y dependencias de empresas extranjeras, incendio de ómnibus, ocupación de Liceos, etc.

La FEUU en conferencia de prensa declara “Ahora nuestros objetivos son claramente políticos, … cada estudiante universitario es un agitador…”

El tristemente célebre sacerdote Juan Carlos Zaffaroni, ante las cámaras de la televisión dijo estar dispuesto a tomar una metralleta para luchar al lado de los revolucionarios, y que la lucha armada en el Uruguay es un hecho cierto. La Justicia lo citará y el cura se rehusará a comparecer porque entiende que la misma está “totalmente desnaturalizada en el Uruguay”, pasando a la clandestinidad.

Frente a este panorama de agitación general, promovido por la izquierda y haciendo padecer a la población un estado de caos, el Presidente de la República, Jorge Pacheco Areco, dispuso que se establecieran las Medidas Pronta de Seguridad de acuerdo a lo que establece la Constitución de la República.

 

LA INEXPLICABLE Y SILENCIOSA ACTITUD DEL PRESIDENTE LACALLE

 

Solo un pacto secreto con el Frente Amplio, para beneficiar a sus delincuentes del pasado con importantes reparaciones económicas, asegurándose una estabilidad de vida y un porvenir sin trabajar, a cambio de algo que no se pudo saber.

Esta actitud, puede dar lugar a pensar, que el Presidente de la República intentará favorecer injustamente a la izquierda extremista del Frente Amplio, mientras un gran porcentaje de la población padece necesidades, fundamentalmente sus Pasivos que cobran la cuarta parte de lo que se les da a los delincuentes del pasado.

Con tanta generosidad, el Partido Nacional, ¿qué recibirán a cambio?, o es solo, para desprestigiar al Partido Colorado que gobernaba al país en 1968, y que solo, luchaba contra la sedición, la izquierda local, algunos blancos zurditos y el comunismo internacional, buscando asegurarse votos futuros ante un posible rompimiento de la Coalición.

El Partido Colorado debería analizar seriamente esta actitud, y pensar en el futuro del país, pero como lo decía el ex Presidente Pacheco Areco: “Primero está el País y su gente, y después, pero muy atrás, los Partidos y sus políticos”.

El recreo sigue, las auditorías no aparecen, faltó mucho dinero de gobiernos pasados, donde se triplicó la Deuda Externa, no se hicieron obras, y nadie está preso ni denunciado por corrupción, y ahora esto, de otorgar un gran acomodo a la izquierda revoltosa.

La historia no miente, y el Partido que gobernó y formó permanentemente al país, en más de una oportunidad, padeció traiciones políticas.

 

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