Escrito por Dr. Gastón Pesce – ex Edil departamental por el Partido Nacional
Días pasados y a raíz del lamentado fallecimiento del ex dirigente del Partido Nacional Dr. Alberto Zumarán, el Presidente de la coalición FA, Dr. Javier Miranda, dijo que prefería recordarlo como “el del voto verde…”.
Lo cierto del caso es que Zumarán probablemente haya sido (quizás) el primero en votar amarillo, dada la estrecha confianza que hizo que Wilson le designara para ocupar su lugar en la mellada fórmula de 1984.
La mala costumbre de la izquierda de tergiversar los hechos para re escribir la historia a su manera, a esta altura, es proverbial.
Lo cierto es que la verdad histórica es una y corresponde serle fiel para no vivir en un mundo paralelo construido a partir de caprichosas y antojadizas mentiras.
Contemporáneamente, el hoy Senador Gral. Manini pugna por la “reinstalación” de la mal parida Ley de Caducidad, de cuyo engendro (quizás) se derivaran tantas desgracias posteriores aún irresueltas.
Cierto es también que fue el Partido Nacional quien terminó pagando, más que ningún otro, el precio de la salida democrática, cuando Wilson habilitó en los hechos la llamada “gobernabilidad”, con la Ley de Caducidad.
Quien esto escribe recuerda una tristísima tarde gris de domingo en el Platense Patín Club, cuando, en su calidad de Congresal del Movimiento Por la Patria y en representación del Club Diego Lamas de Paysandú, el más antiguo del país, fundado por el Comandante Apolinario Vélez luego de la Revolución del 98 y cuyo primer Presidente Honorario lo fue el por entonces vivo General Aparicio Saravia, hubo de concurrir al Congreso del Movimiento ante el cual Wilson explicaría las razones que lo llevaron a sacar la ley.
La tristeza y desazón era general y absoluta y, al decir del “Turco” Chalela, “el aire se cortaba con yilé”.
Ni el proceder ni las explicaciones del enorme Caudillo resultaron aceptables para todos.
Y fue allí que el único que osó alzarse para expresar la fundada discordia de los discrepantes fue el entonces diputado y viejo militante, Dr. Héctor Lorenzo Ríos, fallecido poco después.
Junto a él y detrás del Dr. Uruguay Tourné también se alzó un grupo de representantes porlapatristas constituido por Marino Irazoqui, Luis José Martínez, Juan José Fuentes y Oscar (Cacho) López Balestra, el primero, su defensor penal y el último su gran amigo de siempre, quienes terminaron acompañando la posición de Carlos Julio Pereyra y otros connotados Dirigentes del Movimiento de Rocha detrás del voto VERDE, contrario a la Ley de Caducidad y por ende, partidario del juzgamiento de los militares que hubieren violado derechos humanos y (con ello) su juramento de fidelidad a la Constitución y la Ley.
Todos los demás votaron AMARILLO.
Si bien durante mucho tiempo la izquierda escribió los muros con eslóganes tales como “Ni olvido ni perdón: paredón” y “Amnistía General e Irrestricta”, quien esto escribe siempre pensó que esta última debió haber sido la solución final para todos. Y ello porque siempre fue así como, “sin vencedores ni vencidos”, concluyeron de una vez y para siempre los múltiples enfrentamientos armados que tiñeron de sangre la “Tierra Purpúrea”.
No obstante, olvidados dichos antecedentes, viene al caso señalar que si bien la guerra puede, en principio, verse como un caos donde no rigen códigos, sin embargo, la evolución humana llevó a establecer Reglas, que no puede jamás desconocer ningún Oficial de carrera, formado en Escuelas fundadas al socaire del Estado de Derecho.
Y es así que los excesos guerrilleros no pueden ser jamás parificables a la conducta exigible por la Ética y el Honor militar. Por esto mismo muchos votamos VERDE aún a sabiendas que el juzgamiento era imposible.
Sin embargo, sometida que fue por dos veces la manida ley a la consideración del Cuerpo Electoral, depositario último de la Soberanía de la República, la izquierda maniobrera y desconocedora de dicha Soberanía, pasó por encima de ella, audaz y violatoriamente, de tal modo que los sujetos de la voluntad (representantes), en gravísima violación de los más caros principios democrático republicanos, pasaron por encima el interés de sus representados por dos veces manifestado en las urnas de un modo inadmisible, por lo que la Ley de Caducidad no debió ser jamás derogada sino tal vez anulada por inconstitucional, al inmiscuir al Poder Ejecutivo dentro del ámbito jurisdiccional, casi privativo del Poder Judicial.
Ahora bien: pretender su “reinstalación”, hoy, es una tremenda burrada, puesto que, desde un punto de vista estrictamente jurídico, asiste plena razón al destacado jurista nacionalista y ex Vicepresidente de la República Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez cuando sostiene (tal como lo dice el propio Tratado de Roma y constituye un pilar inamovible de todo nuestro sistema penal) que este último no resulta aplicable a los hechos que hoy pretende llevarse a juicio por la sola y simple razón que nadie puede ser juzgado por hechos que no constituían delito a la fecha de su comisión y porque las leyes penales más gravosas no son ni pueden ser jamás aplicables retroactivamente, verdades mayúsculas, apodícticas, que nuestra izquierda antirrepublicana desconoce y pisotea, al punto que determinó la sanción de un nuevo y mamarrachesco Código del Proceso Penal cuyas normas más favorables no se aplican caprichosamente a sus beneficiarios.
O sea que de aquí en más los llamados crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, pero los cometidos hacia atrás no pueden ser castigados.
Cosa distinta hubiera sido si el Ejército, llamado por Ley (aprobada por Parlamento democrático) a sofocar un estado tal de conmoción interior que puso en jaque al Poder Público se hubiese limitado a acompañar al presidente Bordaberry hasta el fin de su mandato y luego de elecciones libres, sin partidos ni candidatos proscriptos, hubiera regresado a sus cuarteles, o si, devuelto el poder usurpado y temporariamente detentado, se hubiese avenido a una amnistía general e irrestricta que no pudo ser.
Ello generó una grieta tal entre la Nación y sus fuerzas armadas y una secuela interminable de reclamaciones recíprocas que parece no tener fin y, lo que es peor, cómo terminar de resolverse adecuadamente de un modo justo y razonable.
Entretanto, la ciudadanía entera, sigue de abusado y paciente rehén.
