¡Desde Paysandú!
Paysandú tiene un Municipio “intervenido” donde actúa un funcionario con “las más amplias facultades”…
Las diferencias políticas y de gestión que enfrentan al intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, con el alcalde del Municipio de Porvenir, Ramiro Ayende, derivaron en una situación de tensión institucional cuya manifestación más llamativa es la aplicación de una especie de intervención en el gobierno local con la designación de un funcionario dotado de “las más amplias facultades de actuación en el área de ese Municipio en representación del Ejecutivo Departamental”.
Lo que dicen unos y otros
Ramiro Ayende, alcalde reelecto del Municipio de Porvenir por el Partido Nacional, que podría pasar a Cabildo Abierto, tiene antecedentes de relaciones conflictivas con el gobierno departamental. En el período pasado protagonizó una tensa disputa con el intendente Guillermo Caraballo (Frente Amplio) y con varios integrantes de su equipo de gobierno. Muchos creyeron que el inicio de un nuevo período sería la oportunidad de borrar y empezar de nuevo, especialmente considerando que Olivera y Ayende pertenecen al mismo partido político. Sin embargo, en vez de poner paños fríos, ambos atizan el fuego bajo la mirada desentendida de la generalidad de los actores políticos del departamento.
Es difícil precisar en qué momento se desató la polémica y cuál fue el hecho desencadenante. Además, parece bastante evidente que las declaraciones públicas no revelan todo lo sucedido entre los protagonistas de esta historia. Entre otras cosas, desde la Intendencia acusan a Ayende de desprolijidades administrativas; de hacer gestiones frente al gobierno nacional estableciendo un bypass para evitar al intendente; obrar de manera autoritaria (de hecho hace pocas horas la directora de Descentralización lo calificó como “tirano”), sin considerar la constitución colegiada del Concejo Municipal y de tener complejas vinculaciones con los funcionarios, varios de los cuales habrían denunciado maltratos y pretenderían un traslado para dejar de trabajar en el Municipio. El alcalde denuncia que Olivera no respeta la autonomía local ni la normativa que regula el funcionamiento del tercer nivel de gobierno buscando injerencia directa en la actividad del Municipio; señala incumplimientos de compromisos y la aplicación de decisiones administrativas que afectan la operativa del servicio “y el bolsillo de la gente”. El mismo alcalde emitió una aseveración pública que grafica el nivel de confrontación, superior al del quinquenio anterior; dijo: “Olivera es peor que Caraballo”.
¿Municipio intervenido?
El lunes 11 de enero de 2021 el intendente anunció “la realización de una auditoría interna en el Municipio de Porvenir”. El particular comunicado que dio cuenta de la decisión señaló que “a raíz de varias situaciones irregulares constatadas en el funcionamiento de dicho Municipio, sumado esto a denuncias presentadas por integrantes del Concejo de ese lugar, se arriba a esta resolución adoptada en el día de hoy por el Intendente”. Tomando formas bastante inéditas para la comunicación institucional, el texto* incurre en fuertes acusaciones contra el alcalde cuando le señala, por ejemplo, la falta de pago de “una voluminosa cuenta”; entorpecer o limitar el desarrollo de las sesiones del Concejo así como la pretensión de falsificar documentos públicos. La decisión del intendente Olivera, que también consideró “una nota enviada por parte de los concejales denunciando lo que ellos entendían era un atropello por parte del Alcalde Ayende”, consistió en la disposición “de una auditoría interna en dicho Municipio”. Para su ejecución determinó que “la Dirección de Administración designe a un funcionario que tendrá a su cargo dicha auditoría interna”. Sin embargo, el párrafo siguiente incorpora un extremo particularmente llamativo: “El Dr. Roque Jesús será quien tendrá por un plazo de 150 días, la responsabilidad de verificar y garantizar el cumplimiento del marco normativo vigente en el Municipio de Porvenir, para ello se le otorgan las más amplias facultades de actuación en el área de ese Municipio en representación del Ejecutivo Departamental”. El rol que se asigna al funcionario parecería no cuadrar en el orden jurídico imperante así como tampoco queda claro qué significa que se le otorguen “las más amplias facultades de actuación”. A un par de meses de iniciada la medida los hechos demuestran que la situación ha profundizado las dificultades de funcionamiento del gobierno local.
A pedido y con nombre propio: Junta aprobará modificación de reglamento de Municipios
La Junta Departamental de Paysandú no ha calibrado este problema en su justa dimensión; pareciera que muchos ediles se quedan con las anecdóticas declaraciones cruzadas y no reparan en el problema institucional. Podría haber sido útil, por ejemplo, alguna acción de mediación, algún trabajo tendiente a que las diferencias no se profundicen y que las partes se acerquen. El legislativo entra ahora en escena a instancias del Ejecutivo y a través de la bancada oficialista para discutir un proyecto de modificación del reglamento de funcionamiento de los Municipios, iniciativa que pareciera tener nombre propio y que será considerada en una sesión que tendrá lugar el viernes 12 de marzo. Según la fundamentación, el reglamento vigente (aprobado en 2016) incurre “en una violación al principio de igualdad ante y en la ley: generando una desigualdad entre los Concejales, al dotar de atribuciones a uno de ellos, que es el que ejerce la función de Alcalde, provocando el mal funcionamiento del Concejo Municipal y no prever mecanismos para corregir esas desviaciones y abuso del ejercicio del cargo”. Las variantes propuestas refieren a los artículos 35 y 49 del reglamento destacándose la posibilidad de que un alcalde pueda ser sometido a juicio político por no convocar a sesión ordinaria o extraordinaria a pedido de los demás concejales. Seguramente la discusión política sea intensa pero es de esperar que los 16 votos blancos y cabildantes se alinean para hacer lugar a las modificaciones que promueve el intendente.
