Nos enteramos por la prensa que Mauro Álvarez, edil de Lavalleja por el Frente Amplio, dio cuenta del resultado de un pedido de acceso a la información pública que había realizado en febrero y del que varios meses después obtuvo respuesta. El documento de la Intendencia de Lavalleja detalla que el funcionario Ariel García, hermano del intendente nacionalista Mario García, cobra desde diciembre pasado una compensación mensual de $ 72.300.
Laura Nahabetian, directora de Jurídica de la Intendencia de Lavalleja, dijo al diario El Observador que al hermano del intendente «se le otorgaron nuevas funciones y se le paga una compensación”.
Además, el hermano del intendente ingresó a la comuna poco tiempo antes que Adriana Peña dejara la administración antes de las elecciones.
Sin lugar a dudas que esto es un disparate, que si bien tiene marco legal y es potestad del intendente otorgar compensaciones a quienes se la merecen, en este caso, que se trate de su hermano, también le da un marco de ilegalidad moral.
Los políticos y sus sistema profesional los ampara de situaciones como ésta, pero como periodista debo decir con total claridad que rechazo por improcedente otorgar una compensación a su propio hermano, aunque el hermano cumpla una tarea de mayor remuneración a la que venía cumpliendo.
Legal es, pero muy poco inteligente y absolutamente rechazable. Según parecía, Adriana Peña estaba peleada con Mario García. ¿Cómo es que entonces contrata a su hermano?
Entonces… ¿No estaban tan peleados como parecía?
Todo esto es faltarle el respeto a la gente común, porque 72.000 mil pesos es lo que ganan tres cajeras de un supermercado trabajando todo un mes, la suma de sus tres salarios.
Ni al hermano de Mario, ni a nadie, le deberían dar semejante compensación, es el dinero del contribuyente, hay que respetarlo.
Me da mucha pena, porque a Mario lo aprecio y sé que tiene condiciones para hacer una gran intendencia, pero esta no se la llevo.
Se basan en la legalidad, pero deberían sentir un poco de vergüenza también.
