Junta Departamental de Paysandú aprobó decreto que prohíbe uso y venta de pirotecnia sonora, ahora la Intendencia debe promulgar el texto y reglamentar su aplicación
La Junta Departamental de Paysandú aprobó un decreto que prohíbe el uso y la comercialización de pirotecnia sonora y bombas de estruendo en todo el territorio del departamento “ya sea con fines particulares o recreativas, o su utilización en espectáculos de cualquier naturaleza”. Ahora la Intendencia debe promulgar el texto para que, efectivamente, entre en vigencia y tendrá que reglamentar algunos aspectos de la iniciativa.
El texto fue aprobado por unanimidad en la sesión del jueves 1 de julio de 2021 y establece que en caso de que se encuentren esos materiales en exposición y/o venta tanto en locales comerciales como en puestos callejeros la Intendencia estará facultada para requisar los productos, “pudiendo solicitar el auxilio del Ministerio del Interior en caso de que sea necesario”. Los objetos requisados serán entregados al Servicio de Material y Armamento del Ejército.
Queda determinado que los organizadores de espectáculos públicos tendrán que firmar una declaración jurada en la que expresarán conocimiento de la prohibición de la utilización de pirotecnia sonora. Ese documento se formalizará cuando gestionen las autorizaciones correspondientes ante la Intendencia.
Cuando se constate la utilización de pirotecnia sonora y/o bombas de estruendo en cualquier evento se procederá a la comunicación inmediata de la suspensión de la autorización de la actividad, se aplicarán multas y se podrán establecer suspensiones en el funcionamiento del local implicado.
El decreto establece que las multas irán “de un mínimo de 5 a un máximo de 1000 Unidades Reajustables, de conformidad a la gravedad y reincidencia del infractor, conforme lo establezca la reglamentación”, tarea que se asigna al Ejecutivo.
El Decreto exceptúa de la prohibición las actividades propias de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior.
El texto no determina el destino que tendrá el dinero que se recaude por las multas que eventualmente se apliquen. No obstante, los ediles solicitarán a la Intendencia, mediante Oficio, que esos recursos vayan a sustentar “campañas de concientización y educación sobre la materia, como así también para efectuar donaciones a instituciones de protección animal o cuidado de personas con trastorno autista”, según criterios que la propia comuna fijará.
El proyecto aprobado fue presentado al plenario por los ediles integrantes de la Comisión de Higiene y Medio Ambiente y resultó de varias semanas de trabajo de la que participaron muchos ediles y que incluyeron ámbitos de intercambio y consulta con diversas instituciones nacionales que abordan la temática desde las más variadas perspectivas. El texto tiene la particularidad de haber generado acuerdo cuando las posturas de oficialismo y oposición sobre la temática parecían muy distantes.