Para todo lector contemporáneo, nacido en los últimos 30 años del siglo XX, leer sobre Hiroshima o el absolutismo de Rusia de principio del siglo pasado, la masacre de Sarajevo o la guerra de las Malvinas, interpretada y analizada sin el contexto histórico de los últimos 100 años, carece de fundamentos. Y esto es sin dudas parte del imaginario colectivo que alimenta el pos-verdad contemporáneo.

Sin embargo, cuando se trata del pasado reciente, todos más o menos conocemos con detalle en donde estaba el Uruguay a mediados de los 60, 70 o en el los albores cenicientos de la democracia, donde a falta líderes políticos se votaba lo que había.

En aquellos años de improvisada democracia la izquierda ganó la Intendencia de Montevideo y como todos sabemos se perpetuo 3 décadas en el gobierno municipal.

Es sin dudas la comuna capitalina el último bastión ideológico que la izquierda conserva con superlativo interés electoral. Cuando hablan los líderes del Frente Amplio de movilizar las bases, no están hablando necesariamente de aquellos referentes barriales que militan a cambio de unos bloques para el rancho o los boletos gratuitos que la comuna les regala al mes. Hablan sin dudas de todos los junta votos que militan por razones más económicas que ideológicas. Aquellos montevideanos que fueron acomodados en cargos de privilegio y gozan de sueldos de primer mundo. Aquellos que cobran sueldo, partidas y beneficios únicos. Y que a riesgo de perder su status quo militan desde sus lugares de trabajo, los gremios y los medios de prensa.

No son prácticas aisladas ni únicas de la izquierda. El ex senador Pablo Mieres había usado su banca para llamar a su amigo, el periodista Jaime Clara en un pase en comisión. El periodista trabajaba en varios medios privados y cobraba un sueldo del Estado sin tener que cumplir horario porque el ex legislador y ex presidencial del Partido Independiente lo pidió en comisión para su despacho.

Aquí no había un problema legal, los jerarcas pueden solicitar, según su cargo, hasta diez pases en comisión, y el requisito es que el funcionario cuente con al menos tres años de antigüedad en la función pública. Era sin dudas un tema ético.

Ahora bien, si los pases en comisión tienen que ver con la idoneidad, la confianza y capacidad para cierta tarea, adelante. Pero es más que sabido que se usan discrecionalmente para acomodar amigos y junta votos. Y hasta algún pariente como lo hizo la vicepresidenta Beatriz Argimón que acomodo a su hermana.

Históricamente poco se conocía sobre estos acomodos, pero hoy existe la globalización y todo se sabe o se puede googlear, por ahora. Y es por eso que hoy es más fácil que nos enteremos de los acomodos incluso en la IM donde el secretismo es fundamental en un gobierno departamental con 8.295 empleados (7.199 presupuestados y 1095 contratados). De esa cantidad desproporcionada, muchos cumplen con tareas concretas y sumamente útiles. Pero otro gran número se acomoda todos los años en cargos de dudosa importancia.

Es el caso Ana Inés Obaldía que es una presentadora, profesora, productora, periodista, política y ahora funcionaria de la IM. No podemos negar que hizo ruido su incorporación al gabinete de Carolina Cosse. Pero más ruido lo provocó la designación de Gabriel Romano como asesor de la División Información y Comunicación de la IM. Con un sueldo de 145.351 pesos nominales más todos los beneficios sociales correspondiente al escalafón SIR 18, habiendo solo 22 escalafones. Romano trabajará en un régimen de 40 horas semanales, es decir 8 horas por día, 5 días a la semana.

Su pasado militante fue claramente el que impulsó su nombramiento, trabajando en ciclos de TNU y M24, medios oficialistas hasta el año 2019. Por su parte, el senador nacionalista Da Silva comento: “Militando el carguito público” y concluyó de forma irónica: “lo urgente es la gente”.

Romano había preparado el terreno desde el año pasado con tweets que apoyaban a la nueva administración desde noviembre pasado, retweeteando a su futura jefa Carolina Cosse.

Lo inmoral no es su nombramiento en una comuna con 1300 empleados en la división cultura y apenas 9 en auditoría interna. Lo inmoral no es que sea idóneo para asesorar a la faraónica intendenta. Lo inmoral es que va a cobrar una fortuna, en un escalafón 18 del que algunos empleados con más de 25 años de trayectoria aún no se benefician.

Lo inmoral es sin dudas que no se haga un llamado libre o se reasigne algún funcionario que dé seguro podría cumplir con la tarea.

Lo inmoral es que el periodista, devenido en político, hoy acepte un cargo público a falta de trabajo privado. El curro de Jaime Clara era netamente económico. Debiendo elegir entre su actividad privada y la pública, continuó en la privada.

Pero Romano no puede trabajar ni de redactor en un pasquín berreta. Y su nivel intelectual apenas le ha dado un lugar en programas militantes. Hoy sin trabajo pero con aquellas credenciales que le otorga la militancia, está cobrando esos favores periodísticos que supo su subjetiva impronta escupir en sus intervenciones en los medios de prensa.

Galeano decía que «al pan pan y a la mierda mierda». Lo repito siempre para que nadie se asuste si llamó a las cosas por su nombre. «Asesor» huele a chanta. Imposible de comprobar hoy. Contrato tiene al menos hasta el 2022. Veremos si se lo renuevan o el mediático militante vuelve a la función privada. Seguramente le encuentren otro lugar. Una vez que llegan y se prenden de la teta es casi imposible sacarlos. Como decía el escritor Alemán Georg Christoph Lichtenberg: cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen perdemos el respeto.

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