“SI EL DR. MALVAR VE ESA CARPETA TENDRÁ QUE INICIAR UNA INVESTIGACIÓN A TRES FISCALÍAS”
Ocultaron pruebas al Juez Malvar, quien deberá fallar sobre joven acusado de violación, que demuestran su inocencia
Por Karina Caputi
La carpeta que contiene audios, videos y testimonios de testigos que dicen haber sido forzados a declarar contra Adrián Mastandrea podría comprometer a fiscales que actuaron en la causa
Mientras los días transcurren hacia el próximo 28 de octubre, en que el Juez Marcelo Malvar deberá expedirse sobre la causa que mantiene hace más de dos años a un joven de 20 años tras las rejas, su familia vive días de angustia e impotencia debido a que la documentación que corrobora la inocencia de Adrián sigue sin ser presentada al magistrado.
El caso, sobre el cual El Este informara días atrás, contiene puntos oscuros a nivel judicial, que involucra a más de una fiscal y otros profesionales.
Como narráramos, Adrián Mastandrea, tenía 18 años cuando fue detenido tras una denuncia presentada por una mujer 20 años mayor que él, de nacionalidad argentina, quien manifestó haber sido secuestrada y violada por éste, pero imágenes de una cámara de vigilancia los ubica juntos en un almacén de la zona, comprando un refresco, para posteriormente detenerse en un banco cercano, donde además de compartir la bebida, intercambian caricias y besos.
A pocos días de que se realice la instancia del juicio en el cual el magistrado deberá pronunciarse al respecto de la inocencia o culpabilidad de Adrián, El Este estableció contacto con integrantes de su familia quienes aseguran estar viviendo “una pesadilla” desde que hace dos años y dos meses.
“Todo comenzó 10 días del cumpleaños número 18 de Adrián, cuando esta mujer, argentina, de 39 años, realiza la denuncia contra él. Pese a ser vecina nuestra, de cruzarnos infinidad de veces todos los días, declaró que no lo conocía ni a Adrián ni a nuestra familia. De hecho, a escasos metros, vive su mejor amiga, quien es precisamente quien le pasó el dato que teníamos nuestra casa a la venta”, manifiestan a El Este.
Seguramente, la cercanía de recibir algún dinero haya sido el disparador para que se gestara la extorsión de la cual fueron víctimas dado que “contratan (la denunciante y su pareja) a la abogada Carolina Sotelo, quien cuenta con antecedente penales –su título fue suspendido a comienzos del año 2020 por el Poder Judicial- para pedirnos la suma de 20 mil dólares americanos y así ‘arreglar la denuncia’. Contactan a nuestro abogado y le hacen el planteo, cosa que rechazamos de inmediato” afirma la familia de Adrián.
Con esta clara evidencia de chantaje, los padres del joven insistieron varias veces a su abogado para radicar la denuncia, pero por motivos que nunca explicó, la misma no se concretaba lo cual despertó las sospechas, de un acuerdo entre juristas realizado a espaldas de toda norma jurídica.
El 3 de marzo de 2020, en audiencia de solicitud de prórroga de la medida cautelar, es el propio Adrián Mastandrea quien pone en conocimiento de la Jueza sobre la extorsión de la cual estaba siendo objeto su familia. “Fue una sorpresa para la Jueza, quien pregunta a la fiscal Sylvia Lovesio si estaba enterada de esto y responde que no. Luego de esto, Lovesio cita a los abogados, a la denunciante, su marido y a nosotros; nos toma declaraciones. Fue ahí que una de las abogadas implicadas, Bentancoor, afirma que no, pero tanto nuestro abogado como la propia denunciante y su marido reconocen que efectivamente se pidieron 20 mil dólares. Confrontada nuevamente Bentancoor se larga a llorar y confiesa que tanto la mujer que denunció a nuestro hijo, como su marido, la contrataron para pedir plata, razón por la cual habló con su amiga, la Dra. Sotelo, con quien organizan todo entre ellos”.
Un detalle que no se tuvo en cuenta, fue el dispositivo de grabación que permaneció encendido mientras uno de los padres de Adrián prestaba testimonio, quedando registrada una conversación entre la fiscal Sylvia Lovesio y su adjunta, en la cual dicen que la denunciante mintió, que todo es una gran mentira.
“Al día siguiente, Lovesio renuncia al caso, y le envía al Fiscal de Corte, en ese momento Jorge Díaz, una carta, diciendo que se investigue la extorsión para que un delito no quede impune y un inocente no esté privado de su libertad por un hecho que no cometió”.
Pasado este episodio, se inicia lo que la familia entiende como el “gran encubrimiento”. “Vimos que pasaba el tiempo y no teníamos noticias; llamamos reiteradas veces a Lovesio pero nos decía que no podía atendernos, que la denuncia estaba en Fiscalía de Flagrancia de 4to turno. Sin embargo, luego de averiguar, no estaba allí. Continuamos insistiendo y se nos deriva a la coordinadora Lucía Castro. Esta nos manifiesta que en realidad estaba en Flagrancia de 17mo turno, pero tampoco se encontraba en ese sitio”
Fue necesario volver a contactarse con Castro, e informar que el tema sería divulgado en la prensa, para que se les aportara el número de denuncia y el lugar concreto donde se encontraba la misma.
“Ya habiendo dado con la Fiscalía de Flagrancia correcta, el 27 de agosto nos recibe la Dra. Lucía Castro pero afirma que nuestro nombre no figura ni como víctima ni como denunciante, pese a sí está registrado por la propia Lovesio. Al solicitarnos esta documentación consultó si había algo más, y allí mencionamos los audios que además le proporcionamos. De inmediato preguntamos sobre la denuncia pero nos manifiesta que no puede aportarnos información. Únicamente nos hicieron ir para verificar las pruebas que teníamos, nos las recibieron y nos dijeron que nos llamarían, cosa que nunca sucedió”.
Al día siguiente, apenas 24 horas después de haber dado con la Fiscalía en la cual se encontraba la denuncia, la Fiscal que los puso en conocimiento veraz del sitio, fue trasladada.
“Al no tener resultados, concurrimos Fiscalía de Corte, y otra vez lo mismo; querían saber sobre los audios y carta de Lovesio a Díaz. Volvimos a entregar todo pero igual que antes, nos niegan el acceso a la denuncia. Así hemos estado; presentando todos los elementos que prueban la inocencia de Adrián, en Ministerio de Educación y Cultura (Del cual depende Fiscalía), Derechos Humanos, etc.”
Fue hace apenas unos días, que precisamente desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, informaron a la familia que enviarán un oficio a Fiscalía solicitando explicaciones. El problema central es que el caso pasó a juicio y la carpeta con la documentación sigue sin aparecer.
Ese material es de vital importancia que esté en poder del Juez Marcel Malvar, quien el próximo 28 de octubre tendrá que expedirse sobre el caso.
“Si el Dr. Malvar ve esa carpeta tendrá que iniciar una investigación a tres fiscalías. En los cuatro días de juicio no se tocó ese tema, y el Juez tiene que saberlo. (…)
En esa carpeta está toda la documentación, se destapa la mentira y el ocultamiento. Se confirmará no solo la inocencia de Adrián sino que se deberá iniciar los correspondientes procedimientos a fiscales y abogados involucrados, a la mujer que denunció al joven y a su propio marido”.
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