¡DESDE PAYSANDÚ!
Trabajadores de los CAIF “que gestiona Fundación A Ganar” en Paysandú citaron al empleador ante el Ministerio de Trabajo; la Intendencia es responsable de los servicios pero tercerizó la gestión de recursos humanos
Las últimas horas del año 2020 resultaron especialmente complejas para los 130 trabajadores de los ocho CAIF y del Centro “Siempre” que gestiona la Intendencia de Paysandú. Sorpresivamente, y contrariando los compromisos que los propios jerarcas de la comuna habían manifestado poco antes a los trabajadores de aquellos servicios, en el transcurso de aquellas horas los trabajadores fueron notificados de que dejarían de pertenecer a la plantilla de la Intendencia y que serían absorbidos por la Fundación “A Ganar”. La modificación del vínculo laboral, increíblemente avalada por el gremio de los municipales sanduceros (ADEYOM), resultó de la decisión del intendente Olivera de generar “ahorro” evitando el pago de aportes patronales, unos $ 14 millones de pesos anuales.
Las primeras semanas del año 2021 fueron de especial tensión para los trabajadores que para mantener su fuente de trabajo, y bajo amenazas de perder su lugar, terminaron firmando contratos que en general se valoran como precarios y que implicaron un notorio deterioro salarial. Básicamente, se trata de personas que tenían contratos con la Intendencia, incluso en algunos casos revestían con contratos de función pública, y que pasaron a desempeñarse con vínculos laborales a prueba, que desconocen la antigüedad en la función, y que es gestionado por una organización que a nivel local resulta desconocida.
La decisión del intendente constituyó una violación flagrante a los contratos establecidos entre la Intendencia de Paysandú y el INAU pero, como suele suceder en estos casos, la política partidaria se ocupó de evitarle la exposición pública que debería haber enfrentado por los groseros incumplimientos. Silenciado el tema por la mayoría del directorio del INAU, con una oposición departamental todavía poco operativa y con el apoyo explícito de la dirigencia de ADEYOM, la Intendencia logró poner en marcha el año lectivo de los CAIF, esforzándose en generar la idea de que todo estaba bien e incluso mejor que antes. Sin embargo, tímidamente, llegaban comentarios desde los propios centros evidenciando que la cosa no era como la pintaban.
El colectivo recurrió al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Privada (SINTEP); unos 70 trabajadores se afiliaron a la organización en cuyo marco ahora inician acciones de reclamo cuyo desarrollo resultará clave para aclarar un proceso que se caracteriza por la falta de información y el hermetismo.
Según establece un comunicado interno enviado el viernes 21 de mayo a los trabajadores “de los 8 CAIF que gestiona Fundación A Ganar” en Paysandú, la organización resolvió convocar al empleador a una instancia ante la Dirección Nacional de Trabajo (DINATRA) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). La decisión resultó de una “Asamblea General vía zoom y por votación de los afiliados allí presentes” y se enmarca “en el camino de la valoración de los derechos de los trabajadores”, establece el comunicado. La primera audiencia tendrá lugar el martes 1 de junio de 2021 a las 10:00 horas, será vía zoom desde Montevideo y participará un delegado por núcleo, o por CAIF. Según trascendió, la sugerencia de que el proceso se instale en la capital del país habría sido una sugerencia de la propia dirigencia nacional de SINTEP.
Llamativamente los trabajadores refieren “a los CAIF que gestiona Fundación A Ganar” e identifican a la ONG como “nuestro empleador”. Pero en realidad la titular de los convenios con INAU para la gestión de esos servicios es la Intendencia de Paysandú, institución que siempre reivindicó el control en el proceso de selección del personal y cuyos referentes se vinculan a diario con los trabajadores. Desde la Intendencia declararon públicamente que no hubo una tercerización de la gestión pero sí de la contratación de trabajadores con el objetivo del “ahorro” por concepto de aportes patronales que recauda el Banco de Previsión Social. Genera mucha expectativa conocer si la Fundación comparecerá en DINATRA asumiendo lo que manifiestan los trabajadores o si lo hará la Intendencia y cómo por la vía del Derecho se podrán establecer límites y delimitar responsabilidades. Es de suponer que INAU sea un observador especialmente atento de este proceso que volverá a evidenciar que su contraparte para la gestión de estos centros actuó bastante distante de lo que establecen las normas.
Si bien los trabajadores se manejan con hermetismo, básicamente ante el temor por eventuales dificultades en la cotidianeidad, en líneas generales se conoce que denuncian las características precarias de los contratos, el deterioro de las condiciones laborales, y en ese marco el trato particular que reciben de parte de algunos jerarcas departamentales, así como las liquidaciones que les hizo la Intendencia cuando dejaron de pertenecer a su plantilla, entre otros aspectos.
