¡DESDE PAYSANDÚ!
Por Dr. Federico Álvarez Petraglia.-
Este martes 1 de junio hemos tenido acceso a una entrevista que se le hiciera por M24 al intendente Nicolás Olivera sobre el tema de la contratación del Zorro Escobar.
En la misma, y luego de meses de mentirle a la sociedad sanducera termina reconociendo que fue él quien dispuso la contratación de Escobar. El lector recordará cómo se negó en un principio todo vínculo con Escobar, diciendo que era toda una mentira, un invento, para luego sostenerse que era la Fundación “A Ganar” la que lo había contratado por intermedio de un convenio con la DINALI. Más tarde, y como ya dijimos en otra nota, fue gracias a la ONG Hermandad pro Derechos que se supo que la Fundación no tenía ningún vínculo con la DINALI. Entonces, para enmendar la mentira, se dijo que eso era verdad, pero que en realidad Escobar estaba vinculado a través del programa “impulsar” que gestiona la mencionada Fundación.
Si uno consultaba en la página web de la fundación en qué consistía ese programa, Escobar no entraba ni de casualidad en ninguno de los requisitos que el mismo exige.
Contemporáneamente a este conjunto de mentiras, y en atención a otras irregularidades groseras cometidas por el gobierno departamental, es votada por la Junta Departamental una Comisión investigadora sobre la relación de la IDP y la Fundación “A Ganar”, y pocas horas después se conoce que supuestamente ésta última cesa a Escobar de sus funciones.
Todo este cúmulo de información tiene un nuevo capítulo con la entrevista de este martes, donde el intendente termina reconociendo, a medias, como ya nos tiene acostumbrados, que Escobar ingresó porque él lo quiso, que para su ingreso se saltearon “procedimientos”, y que el problema de dicha contratación es que la misma se hubiera hecho, nada más y nada menos que sin convenio ni respaldo institucional.
Lo que acabamos de escuchar es de una gravedad institucional inusitada, tenemos un jerarca municipal que muy suelto de cuerpo admite en un medio nacional que violó la ley, como si tal confesión pública no pudiera acarrearle consecuencia de especie alguna, como si fuera algo aceptado, normalizado por la gente y por su gobierno, lo cual nos da cuenta del nivel de desapego que existe entre el Dr. Olivera y el ordenamiento jurídico.
Pero además de eso sostiene de manera mendaz, que desde que Escobar ingresó a trabajar a la Intendencia lo hizo en limpieza, y que nunca tuvo un cargo jerárquico, ni circulaba en camioneta, etc. Pues bien, como ya es su costumbre, el Sr. Intendente miente una vez más, abundan las fotos donde se observa a Escobar en camionetas de la IDP, ingresando a dependencias de Servicios de particular, sin portar el correspondiente uniforme naranja de la Fundación, y existen testigos que lo han visto de recorrida con Directores Generales por los barrios, intercambiando con vecinos en esas recorridas, actividades no propias de una persona que está contratada para limpiar la calle.
Sin perjuicio de esa mentira, el Sr. Intendente termina reconociendo que Escobar trabajó políticamente con él en su campaña electoral, y si bien no lo dice explícitamente, ¿a quién le quedan dudas que es esa la razón por la cual el Intendente de Paysandú terminará violando todas las normas habidas y por haber en cuanto a la contratación de un funcionario, de forma y modo de devolverle un favor a un ex proxeneta? Ahora bien, lo que Olivera termina haciendo en la entrevista, es reconociendo que abusó de su cargo y violó la ley y que directamente o por interpuesta persona (la Fundación “A Ganar”) cometió un acto arbitrario en perjuicio de la Administración que fue la contratación de Escobar, violentando las normas de ingreso de un funcionario al Estado, habiéndole abonado su salario por al menos seis meses, actos por los que debería responder ante las autoridades competentes, siendo admisible el estudio de la promoción del juicio político y eventualmente de una denuncia ante la justicia penal.
Pues, a no equivocarse, Olivera no llevó adelante estos hechos en forma negligente, sin darse cuenta de lo que hacía, no Señor, lo hizo con total conciencia y voluntad, y a tal punto lo hizo, que involucró a un tercero para concretar su designio, en este caso, la Fundación “A Ganar”, y no contento con haber violentado la normativa vigente en esos actos, terminó mintiéndole durante cinco meses a la sociedad de Paysandú, sobre el tema del ingreso o no ingreso de Escobar; una vergüenza, un acto indigno de una autoridad electa por el pueblo de Paysandú, que termina arrastrando por el barro a la propia imagen de la principal institución del Estado en el Departamento, sólo para hacerle un favor a un correligionario.
No contento con ello, Olivera intenta tirar sombras de dudas sobre la gestión de Guillermo Caraballo sosteniendo que en su gestión se contrataron homicidas, traficante de armas, y no sé qué conjunto de sandeces más. Para aclarar al lector desprevenido, en el período del Dr. Caraballo como en todos los períodos anteriores y posteriores y como en todas las intendencias del país, amparados por la ley, se celebran convenios con el Instituto Nacional de Rehabilitación y con la DINALI, por lo cual, estas instituciones luego de un proceso de selección, suministran los nombres de reclusos o ex reclusos, que, a su criterio, luego de un proceso de estudio previo acerca de su comportamiento, rehabilitación, tipo de delito, peligrosidad, capacidad de reinserción, estarían en condiciones de comenzar una experiencia de trabajo, en el caso, con la Intendencia, en distintas áreas, principalmente en recolección de residuos, limpieza en general, tareas de albañilería, pintura, poda, etc. Luego de dar estos nombres se forma un expediente en la Intendencia con las personas en concreto, dónde irán a trabajar, y previa autorización del Juez Letrado de la causa, firman un contrato y comienzan a trabajar en las tareas antes mencionadas, ni más ni menos. O sea, no los selecciona la Administración a estos reclusos o ex reclusos, sino la institución encargada a tal efecto, a lo que se suma que se hace todo a la luz del día, con número de expediente, con autorización del juez si corresponde, y con intervención de las distintas dependencias a efectos de que todo sea legal. Vale decir, no es lo mismo una contratación de este tipo, que la que está haciendo hoy día el propio Olivera, con la contratación en violación a la ley de un ex proxeneta como pago de los servicios prestados en la campaña electoral.
Si tanto lo quería Olivera a Escobar, ¿por qué no le pagó de su propio bolsillo? ¿Por qué la población de Paysandú, que está angustiada por la situación económica, que está sufriendo además por la emergencia sanitaria, todavía tiene que pagarle un salario a un ex proxeneta porque al Monarca Absoluto se le canta? ¿Por qué? ¿O acaso Olivera no está sometido a las normas como cualquier hijo de vecino? ¿Por qué vamos a hacer diferencia entre este caso y otro, cuando justamente al Intendente es a quien por formación y responsabilidad le tenemos que exigir que dé el ejemplo con su conducta? Pues bien, como no fue capaz de dar el ejemplo cumpliendo las normas, es hora de exigirle las responsabilidades propias de un ciudadano con esa estatura institucional, pues en una sociedad democrática no hay cosa que repugne más que la impunidad.
