Por Dr. Gastón Pesce Echeverz.-

 

Confieso que, en Facultad, a Economía, me la rifé. Por entonces el examen era por el sistema de múltiple opción, de manera que, a puro sentido común, encerrando en un redondelito las respuestas aparentemente adecuadas y tachando con una cruz las erróneas, por entonces podíamos jugarnos ese examen, relativo a una materia que nos resultaba antipática por su frecuente expresión en números y gráficos.

Desde un punto de vista puramente empírico, la realidad económica nos muestra a todos que, dejando de lado el campo “informal”, que indudablemente tiene su peso, aquella se subdivide en pública y privada.

En el campo privado, en principio, nadie, en su sano juicio podría alzarse en contra de las remuneraciones que ofrecen y pagan las empresas, a las cuales, en principio, no corresponde arrogarse el derecho de fijarles un techo, aunque sí, obviamente, un mínimo.

Sin embargo, la realidad nos muestra fenómenos en los cuales, por ejemplo, entidades tales como los bancos y, sobre todo, las cooperativas y aún los entes descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado exhiben un alarmante desfase con relación al justo medio de las remuneraciones que percibe cualquier trabajador (o empresario) medio de la sociedad.

En nuestra primera juventud (a los 20 años) tuvimos la oportunidad de ingresar a trabajar en un importante banco de plaza nacido en el Interior del país, que por entonces presumía de ser el tercer banco del Uruguay, en Auditoría Interna primero y en su Departamento Jurídico después.

Recuerdo que una de las primeras medidas que tomó su recientemente contratado Auditor Interno, un competente y experimentado Contador ex Gerente de la Administración de Patrimonios Bancarios en Liquidación del BROU de quien yo, muy bisoño, oficiaba de atento secretario, fue investigar los sobregiros de todos y cada uno de los distintos Gerentes (que se habían multiplicado exponencialmente y por entonces eran muchos) y se había detectado que –en promedio- todos estaban sobregirados en unos $ 200.000, que era mucho dinero para la época (1980). Y que el recientemente contratado Gerente General, que era un verdadero “pope”, con nivel de docente universitario, estaba sobregirado en $ 1:500.000 originado en la compra de un pent house quién sabe dónde. Ni casa tenía…

Lo cierto es que, en gran medida por los créditos otorgados sin ton ni son por un nivel gerencial absolutamente irresponsable, el banco “capotó” luego de la crisis de 1982 (la de los “marcianos”), sin que sus legítimos acreedores, sus accionistas, nunca jamás beneficiarios de los dividendos de sus acciones, pudieran resarcirse siquiera del capital colocado en su apuesta inicial.

Lo mismo ocurrió luego en mi pueblo natal, Paysandú, con todas las fábricas, impulsadas por el ahorro de un pueblo esperanzado, trabajador y confiado. Y se repitió después con más de una cooperativa y caja de auxilio surgida de la sana intención primera de sus asociados, que sólo sirvieron para el “despegue” y subsecuente enriquecimiento (si se quiere hasta ilegítimo o derechamente ilícito) de sus infieles directivos y gerentes.

Con algunas otras empresas de medicina privada pasa lo mismo: una rosca directiva y gerencial que lucra en exceso, muy por encima de la media de los trabajadores de la salud, con base en el esfuerzo de sus numerosos y sufridos asociados.

 

En el Estado pasa algo similar, pero peor, atento a que el fin del mismo debería ser el Bien Común, que más o menos debiera coincidir con el Interés General, vaya conceptos, si los hay…

Un amigo médico veterinario ya fallecido me contaba que un primo suyo, titular de unas cinco mil hectáreas, a menudo le sacaba la cuenta de cuántas hectáreas debía poseer un legislador, un intendente o cualquier mando medio del Estado para lograr un ingreso equivalente a su dieta, sueldo o remuneración y yo hacía la cuenta en alquileres, a razón de unos modestos $ 10.000 la unidad.  Ello me daba que para igualar el ingreso de un diputado o senador, alguien debería juntar el equivalente a la renta (pagada puntualmente y sin problemas locativos) de unas 30, 40 propiedades o más, sin contar las remuneraciones de los directores y gerentes de los numerosos entes públicos, inútiles diplomáticos que pasean por el mundo con nuestros recursos y delegados de organismos binacionales como la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, la CARP o la CARU, algunos de los cuales se han vuelto figurita repetida en el diario del pueblo, saludando con sombrero ajeno, al cabo de míseras donaciones con claro fin político a clubes de barrio…

Recuerdo que cuando se construía la represa de Salto Grande mucha gente incauta del pueblo soñaba con gozar de una energía más barata, así como algún incauto socio cooperativista habrá creído poder obtener la posibilidad de lograr algún crédito menos usurario y más barato, nada de lo cual ocurrió jamás.

Por el contrario, dicha monumental obra se volvió un factor de enriquecimiento injusto para delegados y funcionarios privilegiados de aquí y un poco más allá. Pa’ los demás, migajas…

Ni qué hablar de los puentes internacionales, que –contrabando mediante, fomentado y amparado por el Estado y los Municipios al cabo de bulliciosas Ferias de Bagayeros- fueron la antesala de la fundición de añejas empresas de fábrica nacionales que ya no podían competir con la industria extranjera (en el caso, argentina), tal como hoy los boliches de barrio no pueden competir con los Shopping monopolizados por multinacionales.

Y en materia jubilatoria tenemos una masa enorme de desvalidos supuestamente amparados por el Estado (BPS) en la cual una selecta minoría de políticos y funcionarios acomodados cobran jubilaciones de privilegio, al tiempo que una Caja Profesional paga unos tristes $ 70 mil pesos a un pasivo de máxima categoría (los directivos ganan inmoralmente, como en las cooperativas referidas más arriba, más de diez veces más) en tanto la Caja Militar y la Policial pagan a milicos verdes y azules de muy corta vida laboral efectiva el doble, todo lo cual, además de profundamente injusto por desproporcionado y desequilibrador, es asimismo profundamente inmoral por las enormes diferencias sin justificación razonable que exhibe el dinero recaudado por el Estado, obtenido con sacrificio por sus súbditos del cual unos pocos “vivos” son sus beneficiarios.

Todo ello sin que nadie, hasta ahora,  le ponga el cascabel al gato, cuando es evidente que –ante otra reforma jubilatoria más- el organigrama entero del Estado y no pocas organizaciones privadas están pidiendo a gritos un criterioso bisturí.

Cualquier ama de casa medianamente experiente e ilustrada, como mi madre Maestra se desempeñaría mejor, en Economía y Finanzas que Arbeleche, Bergara o Astori, por citar solo algunos.

Artículo anteriorDENUNCIAN A JERARCA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE CARLOS SCIRGALEA
Artículo siguiente¿ESTOS DE CABILDO ABIERTO ERAN LOS QUE VENÍAN A CAMBIAR?