¡DESDE PAYSANDÚ!
A juzgar por algunas señales que ha emitido la Intendencia durante los últimos días y contrariamente a las expectativas generadas por el propio intendente, pareciera que en vez de que se concrete la rescisión del contrato con el ex recluso Escobar se puso en marcha una especie de campaña de “blanqueo” de su imagen; favoreciendo, explícitamente, su aparición en diversos ámbitos como representante del gobierno y otorgándole facultades de disposición de los bienes públicos para intentar generar la percepción de que es un gestor eficiente, comprometido con sus vecinos. Si efectivamente esa es la estrategia parece, por lo menos, bastante arriesgada en el plano de lo político y muy poco recomendable desde la perspectiva institucional, considerando las particularidades de la vinculación. Mientras tanto, a nivel popular nacen, crecen y se desarrollan las más variadas hipótesis que intentan explicar cómo y porqué el individuo logró tal grado de relevancia en el Ejecutivo.
EL INTENTO DE BLINDAJE
Es claro: el tema resulta extremadamente molesto para el equipo de gestión de la Intendencia. En general, la plana mayor del gobierno no ha sabido manejar el asunto en los medios de comunicación; al tiempo que, aparentemente, a nivel de gabinete no se habrían generado instancias para elaborar estrategias de consenso sobre el particular. Pero también es cierto que aun al costo de versiones desencontradas y desmentidos y sin temor a comprometer el preciado patrimonio de la palabra y la credibilidad, el equipo de gobierno intenta blindar al intendente en una decisión que le es exclusiva.
“YO LES AVISO”
Cuando hace dos meses el intendente dijo ante el plenario de la Junta Departamental que la contratación del ex recluso “pudo haber sido un error” y que consideraba resolver el problema “en diálogo con distintas organizaciones” vinculadas al trabajo en defensa de los derechos humanos, muchos creyeron que la disolución del contrato era inminente. Sin embargo, el funcionario tuvo especial prevención en no anunciar, concretamente, una rescisión así como relativizó el concepto de error.
No obstante, sería razonable que la mención al tema en un ámbito de tanta relevancia institucional como es la sede de la Junta Departamental signifique algo concreto e implique un compromiso efectivo.
Unos días antes a esa sesión, transmitida en vivo y en directo por radio, televisión y redes sociales, el intendente y algunos de sus colaboradores se reunieron con representantes de colectivos comprometidos con la defensa de los Derechos Humanos; encuentro que resultó de la gestión del comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit. Allí las organizaciones recibieron la invitación para instalar “un espacio de trabajo conjunto” sobre temas referidos a la trata de personas y la prevención de la explotación sexual. Los colectivos condicionaron su aceptación a la desvinculación de Escobar, contratado a través de la Fundación “A Ganar” como supervisor para el área de espacios verdes y paseos públicos. Cuando directamente preguntaron en qué momento se concretaría la desvinculación el intendente “le pasó el fardo” al secretario general preguntándole, frente a los demás interlocutores: ¿cuándo vence ese contrato? El dato no estaba claro. Al final de la reunión, y ante la insistencia de los activistas sobre el punto, Olivera los dejó con un “yo les aviso”.
EL JERARCA
A la luz de los hechos de los últimos meses, considerando lo que no sucedió y lo que sí está pasando, es dable pensar que la Intendencia lejos de rescindir el contrato ha decidido intentar mejorar la imagen pública del ex recluso, lo que seguramente tenga un costo alto desde el punto de vista institucional y político. Así, en las últimas semanas ha representado a la comuna en diversas reuniones barriales en las que ha mostrado un rol activo: sugiere, opina, se compromete, decide, resuelve y dispone de los recursos públicos. Durante las primeras semanas del año su aparición era en un tímido segundo plano, sólo acompañando, pero esa etapa parece ya trascendida.
Más allá de la compleja carga del pasado, existe una cuestión formal que los gobernantes parecen no percibir. Ocurre que esta persona no tiene un vínculo laboral con la Intendencia, ni podría tenerlo por sus antecedentes, sino que es empleado de una tercerizadora de mano de obra. Entonces, es por lo menos llamativo que alguien que formalmente no reviste en los planos jerárquicos ostente tal nivel de incidencia; preeminencia que seguramente sólo se consigue a través de la confianza política. Otro detallecito: hace algunos días apareció un mensaje en la sección “Cortocircuitos ciudadanos” de “El Telégrafo” destacando la ejecutividad y el compromiso del funcionario que actuó en representación de la Intendencia. Quien intentó hacer el favor no se percató de que su afirmación termina confirmando la situación, por lo menos irregular.
Quizás el asunto despierte el deseo de información de los ediles.
