Por Gastón Pesce.-
A mediados de mayo del corriente año, 2020, un ex compañero de reclusión, en Salto, pasó por mi casa a saludarme, de vuelta desde Montevideo, donde había ido a comprar mercadería para revender.
Entre los comentarios que me hizo de la cárcel de Salto, me dijo que a la Unidad 20 había ingresado un familiar de su actual Directora, Lic. (¿?) María de los Ángeles Machado, quien, entre otros privilegios (como contar con la clave de acceso que tienen los operadores para acceder a toda la información del Centro), había logrado obtener salidas transitorias sin que se cumplieran los requisitos legales para ello.
Supongo que la trascendencia que pudo haber cobrado la difusión de comentarios de este tipo a través de las redes sociales es lo que motivó la airada respuesta de la funcionaria aludida, el pasado 18 de junio en “10minutos.com” Salto, quien, en un tono amenazante, buscando tapar dichos trascendidos con una o más denuncias y la anteposición de las autoridades policiales y del Ministerio público en su auxilio, aprovecha la ocasión para autoalabar su propia gestión, como lo han hecho siempre las autoridades carcelarias de Salto.
Lo cierto del caso es que la actual Unidad 20, ex Cárcel Departamental de Salto, ha sido desde siempre, es decir, desde antes y ahora un absoluto y caótico desastre.
Y si en algún momento ha sido alabada por el Comisionado Parlamentario, siempre guiado con anteojeras en sus anunciadas (y preparadas) visitas ello no es más que “la prueba del nueve” de su absoluto desconocimiento real de lo que es el sistema carcelario nacional y de cómo actúan sus responsables.
Para empezar, diré que la Directora Machado, quien se presenta como “Licenciada” y se ha desempeñado como Sub Directora prácticamente desde que el Instituto Nacional de Rehabilitación se hizo cargo de la cárcel de Salto, es militante “rabiosa” de la Vertiente Artiguista del Frente Amplio, sector por el cual, al tiempo que se desempeñaba en la Sub Dirección de la Unidad 20 llegó a cumplir funciones, en forma paralela, en el Municipio de Salto.
Ello determinaba que junto al ex Director hoy Sub Comisario Miguel Ángel Catelotti (frente a quien representaba el poder político real, por sus contactos con el gobierno) se ocupaban de realizar muy a menudo “eventos” de claro corte político proselitista a favor del ex Intendente Andrés Lima utilizando para ello los recursos del propio Estado y “empujando” a participar en ellos a la mayor cantidad posible de reclusos. Y del mismo modo ambos ambientaban las condiciones para que en las aulas, además de regalar certificados de estudio a un montón de internos sin mayores exigencias, se ocuparan de difundir, en contra del Principio de Laicidad que debiera imperar en la Enseñanza Pública, la ideología de género que profesaba abiertamente el partido de Gobierno anterior bajo las más severas sanciones represivas a quienes pretendieran alzar su voz discordante con dicho atropello.
Pero no para acá la cosa.
Entre un sinnúmero de deficiencias y abusos imposibles de referir detalladamente en apretada síntesis (pero que sin embargo el autor de esta nota se sentiría gustoso de poder declarar con lujo de detalles ante la Justicia), oportunamente denunciamos la facilitación de un suicidio por omisión culposa de parte del Director Catelotti, la ambientación de las condiciones para la compra de una criatura por parte de un pastor protestante de la Iglesia cuyo culto profesaba el ex Director, el otorgamiento de insólitos privilegios y atribuciones a ciertos internos “mimados”, la obligación impuesta a cierto pabellón de concurrir a ciertos cultos bajo apercibimiento de la quita de beneficios, la realización permanente de actos de verdadera persecución y la reiterada falsificación de documentos públicos por parte de funcionarios públicos, así como la apropiación indebida de objetos de los internos, tal como un ordenador PC de propiedad de quien esto escribe y expresamente autorizado para su trabajo, que le fuera incautado y apropiado indebidamente, como represalia por la legítima presentación de recursos administrativos, seguidos de una acción de amparo por uno de los tantos actos abusivos de la dirección carcelaria salteña, de la cual la funcionaria que hoy se siente agraviada formaba parte.
Por supuesto que también recurrimos al publicitado teléfono 0800 5000, por lo menos en tres oportunidades (no solo personalmente, sino también a través de un amigo médico y otro amigo –ex Oficial de la Policía- que se desempeñaba como Edil), pero nunca jamás tuvimos la más mínima respuesta de la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio del Interior, o de la unidad llamada a investigar todos estos casos como era y es su deber hacerlo, máxime dada la gravedad de nuestras denuncias y la situación de apremio en que nos encontrábamos.
Todo lo antedicho cumplimos con denunciarlo una y otra vez ante las autoridades judiciales y del Ministerio público de Salto; y aún ante el propio Comisionado Parlamentario, sin resultado ni respuesta, ni el más mínimo interés o reacción alguna, nunca jamás, sino todo lo contrario.
Mucho más recientemente, con el advenimiento de un nuevo Gobierno, nos permitimos remitir una nota al actual Ministro del Interior Dr. Jorge Larrañaga, para ponerle al tanto de todo este caótico y abusivo desastre, ofreciéndole nuestra máxima colaboración para revertirlo, pero lejos de tener una mínima y respuesta de nuestro correligionario y colega, recibimos con ingrata sorpresa la confirmación en el cargo, junto con una buena parte de las personas de confianza de la administración anterior, de la actual Directora Machado y del actual Director Nacional del Instituto Nacional de Rehabilitación, lo cual nos hace pensar que -como en “Il Gatopardo”- acá ha habido un cambio para que todo siga estando como estaba antes nomás.
Ofreciendo mi franco y fundado testimonio con todas las garantías y el respeto que nos debe la ley, feliz de poder contribuir –finalmente- a que se haga justicia de una buena vez, saludo a Ud.
