La denuncia, radicada el pasado viernes, describe una relación de aproximadamente seis años y dos hijos en común. Según el testimonio de Contreras, ha sido víctima de agresiones verbales y físicas, lo que la llevó a solicitar medidas cautelares, manifestando temor por la negativa de Cal a aceptar la ruptura. La justicia, en base a la verosimilitud de la denuncia, determinó medidas de restricción por 180 días, incluyendo la prohibición de acercamiento y contacto, la incautación de armas de fuego y la fijación de una pensión alimenticia provisional de $40.000 mensuales.
El informe de riesgo del Instituto Técnico Forense evaluó la situación como de riesgo medio. A pesar de la controversia judicial, un aspecto que ha llamado especialmente la atención es el perfil empresarial de Contreras y sus vínculos con licitaciones estatales.
DATOS DE LAS EMPRESAS
Según registros oficiales, Norelys Enedina Contreras Matheus figura como administradora de la empresa CALCON SRL, una sociedad de responsabilidad limitada que ha obtenido varias adjudicaciones de contratos con el Estado uruguayo cuando Cal era diputado. Entre ellas, se destacan:
• Compra por Excepción 59/2023 del Ministerio de Defensa Nacional, por el servicio de limpieza integral en aeropuertos, adjudicada por $870.276. Esto es en el aeropuerto de Laguna del Sauce.
• Licitación Abreviada 24/2022 del Poder Judicial, para el servicio de locomoción de funcionarios judiciales, por $175.320.
• Compra Directa 47/2021 también del Ministerio de Defensa Nacional, para la reparación de un surtidor de combustible en el aeropuerto de Melo, por $110.400.
Estas adjudicaciones, obtenidas mientras Sebastián Cal ejercía como diputado, plantean serias dudas sobre posibles conflictos de interés. ¿Fueron estas contrataciones debidamente declaradas en las declaraciones juradas del entonces legislador? ¿Existió algún tipo de influencia indebida en la adjudicación de estos contratos?
La combinación de la denuncia por violencia de género y el vínculo empresarial de Contreras con el Estado durante el mandato de Cal, arroja una sombra sobre la ética y transparencia de las actuaciones del exdiputado. Mientras la justicia avanza en el caso, queda pendiente una investigación más profunda sobre las licitaciones adjudicadas y la posible omisión de estas en las declaraciones patrimoniales del exlegislador.
