Por Dr. Gastón Pesce Echeverz.-

El 10 de abril pasado El Telégrafo de Paysandú dio cuenta de un incidente, en los siguientes términos: “Violenta agresión entre abogados motivó denuncias ante la Justicia”.  Lo que la nota no termina de aclarar es que ella, la agresora, quien habría herido a su colega, es una juez Letrado de la República.

Más allá que los abogados somos, antes que nada personas y que como tales estamos sujetos a todas las virtudes, vicios y pasiones de la especie humana, el incidente pone de manifiesto el alarmante contubernio que a menudo se da, sobre todo en pueblos chicos, entre quienes están llamados a cumplir diferentes roles, a menudo entrecruzados, en el sistema judicial; en el caso, los rumores hablan de un posible embarazo, de un descubierto engaño de uno de los integrantes de la pareja con alguien de su mismo sexo y de un supuesto pago por la redacción de sentencias, nada de lo cual nos consta, sí nos consta una actitud inexplicablemente hostil y parcializada de la juez involucrada en nuestra contra (lo que motivó la consiguiente recusación) y, según nos informa apreciado colega, la puesta en evidencia de un imperdonable “corta y pegue” de la magistrado que terminó entreverando dos diferentes sentencias y un presto decreto dirigido a la Actuaría, como para sacarse el sayo, identificado en la consulta como Decreto 635/2021 de 24/marzo.

El episodio nos trae a la memoria otro viejo incidente, ocurrido allá por 1985, que motivara nuestro alejamiento del Colegio de Abogados de Paysandú cuando el Dr. Enrique Campos Vener se expresara en términos que para mí resultaron ofensivos hacia quien suscribe y la sociedad anónima familiar que por entonces y aún hoy representa, titular de uno de los establecimientos comerciales más antiguos de Paysandú, hoy con 121 años, que motivara como respuesta que no veíamos con buenos ojos que el colega ejerciera su profesión en el mismo lugar donde su cónyuge, la Dra. María Celia Barnech, ejercía la judicatura en uno de los únicos tres juzgados letrados con competencia, por entonces, en todas las materias.  El colega pidió la formación de un Tribunal de Honor que fue integrado –entre otros- por los apreciados colegas Jorge Laborde Bercianos y Hugo Merello, ante lo cual el suscripto, por entonces con 25 años, manifestó que no aceptaba ser juzgado por dos colegas abogados (el primero, ex Consejero de Estado y el segundo ex integrante de la Junta de Vecinos) que habían traicionado su juramento de fidelidad a la Constitución y a la Ley.  El colegio entonces, lavándose las manos, aceptó nuestra renuncia y jamás se expidió el requerido Tribunal de Honor.  Años después, una colega de mi íntima confianza, me confesó que su tío, también abogado, era quien le firmaba los escritos al Dr. Campos cuando debía comparecer ante su cónyuge – juez.   Y nadie decía nada…

En todo este extenso lapso, hubo una juez, en Paysandú, que presidía las audiencias tomando Coca Cola con una pajita mientras fumaba tirando el humo en la cara a sus colegas – abogados, en el curso de las audiencias, cuando ya estaba prohibido fumar en ambientes cerrados, al tiempo que obligaba a su servil receptora a leer las actas a toda velocidad para seguir provocando a los curiales que mansamente bajaban la cabeza y lo aceptaban todo sin protestar, por tratarse de una juez de la República que, en lo civil, nos mete las manos en los bolsillos como quiere y cuando quiere con la demasiado frecuente complacencia superior, sin contar la posibilidad de sancionarlos.

Aunque cierta vez la recusamos con todo éxito y el entonces ministro Cafasso nos felicitó por eso augurándonos que, habiendo aprendido la lección, en adelante se cuidaría, resultó luego todo lo contrario, con inadmisible apañamiento de la SCJ.

Y también conocimos otra despótica juez, correteada de Salto por presión de la Asociación de Abogados de aquel departamento, con quien nos enfrentamos cuando en cierta audiencia se las agarró con un pobre paisano ruso, oriundo de San Javier, que era nuestro testigo, cuando, llevado por nosotros al tribunal porque no tenía medios para llegar por su cuenta, la aludida juez le reprochó que hubiese ido de alpargatas, aunque bien limpito y con su raída bombacha bien limpia y planchadita.

A la primera fuimos los únicos que la denunciamos y, al cabo de una investigación cometida por la Suprema Corte de Justicia al Esc. Klüver, como casi siempre ocurre, nunca pasó nada.  En cuanto a la segunda, fue destituida, según surge de los casos 15114 y 15436, publicados ambos en La Justicia Uruguaya.

En otra oportunidad, habiendo arribado a un acuerdo transaccional con apreciado colega Defensor de Oficio a tiempo parcial cuya por entonces esposa era Actuaria de los Juzgados Civiles, el oficio que debía librarse en virtud del acuerdo salió en tiempo récord, cosa imposible si no mediara el aludido vínculo. Y más adelante, otra corrupta juez que se encontraba en pareja con otro colega que también ejercía amplia y cómodamente en su misma jurisdicción (corriendo, por tanto, en todos sus casos, con “el caballo del Comisario”), también apañada por la Suprema Corte de Justicia en mérito a ser hija de conocido y apreciado Actuario de la Capital, nos perjudicó durante largos años como quiso, permaneciendo en Paysandú durante más de una década (lo mismo que un par de fiscales, para quienes la conveniente movilidad de los magistrados no rige en absoluto) sin que el por demás nepotista y sobreprotector sistema judicial reaccionara.

En lo personal, la profesión de Abogado me ha generado una tremenda y jamás superable frustración.  Pero al mismo tiempo, en circunstancias muy difíciles, me ha permitido defenderme prácticamente solo, sin tener que entregarme confiado a mis colegas de turno.  De modo que ello me genera sentimientos encontrados, ambivalentes, que lucho a diario por desenredar.

Ahora bien, cuando oigo hablar a la gente común de que “confía en la Justicia”, según de quien se trate pienso que, o bien es un ignorante total o bien es un tremendo genuflexo adulón.

Cierta vez pregunté a Graciela Riephoff y Alejandro Santágata, delegados de la Oficina del Comisionado Parlamentario, la primera de los cuales fue su encargada interina por resolución del entonces Vicepresidente Astori, si el entonces Comisionado Dr. Álvaro Garcé era consciente del enorme desastre que es el sistema carcelario y de la corrupción que campea en él, prestamente me respondieron así: “Claro que sí, Álvaro lo sabe, pero si lo denuncia y se hace público, ya nadie va a creer más en nada”.  Exactamente lo mismo pienso de la Suprema Corte de Justicia, que no puede ignorar lo que ocurre en los tribunales, pero que cree equivocadamente que al ocultarlo sin investigar lo necesario y suficiente y proceder siempre apañando y ocultando sin consecuencia alguna, su permisividad de tanto abuso de poder, además de configurar un inaceptable encubrimiento, termina por potenciarlo, en desmedro de la excelencia que debieran exhibir, haciendo docencia, como modelo, todas las instituciones de la República.  

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