Cuando el Gobierno presidido por José Mujica comenzó a buscar fórmulas de solución para lo que en ese momento se llamaba “la guerra de las patentes”¸ recuerdo claramente que se formó un grupo de trabajo integrado por el Congreso de Intendentes y Técnicos en la materia del Poder Judicial, junto con el Director de la OPP.
En aquel momento se buscaron distintas fórmulas, porque en realidad existía una puja hasta violenta si se quiere por parte de las Intendencias, para captar automóviles que se empadronen en su Departamento 0 km, o también los usados que podían cambiar de Departamento sus matrículas.
No se podía seguir como estaba, ya que habían Intendencias que estaban captando la gran mayoría de los vehículos que circulan en el Uruguay, ya que su tasa de empadronamiento y la patente de los vehículos eran sensiblemente inferiores a las de sus colegas de otros Departamentos.
Era toda una industria del empadronamiento, que tenía como protagonistas a las automotas que venden autos nuevos y usados, las cuales aconsejaban a sus clientes a empadronar en diferentes Departamentos.
Se buscó una solución y en aquel momento tuvimos la oportunidad de proponer el sistema que funciona en la gran mayoría de los países del primer mundo, donde sencillamente no se cobra patente y la misma se recauda con un pequeñísimo y casi insignificante porcentaje en el precio del combustible.
Propusimos entonces ese mecanismo, que no se nos ocurrió a nosotros, sino que el haber vivido en el exterior y tomar conocimiento de la implantación de ese sistema, nos dio la posibilidad de transferirlo a nuestro país cuidando enormemente las limitaciones que en esa materia tiene Uruguay.
Es muy sencillo, en primer lugar anunciar a la población que a partir del primero de enero no se va a cobrar más la patente de ningún vehículo, ni de cualquiera de las categorías de éstos.
Eso sin dudas que significaría una gran alegría por parte de los usuarios.
Y aumentar aproximadamente $ 3 pesos el litro de nafta súper, lo que implicaría una recaudación bastante similar a la que hoy perciben por concepto de patente de rodados las 19 Intendencias del país.
Nombrar a las estaciones de servicios como agentes de retención de esos $ 3 pesos por litro que enviarán sistemáticamente a una comisión recaudadora y administradora de dicho dinero.
El reparto con las Intendencias también es muy sencillo, porque tiene relación directa con la cantidad de vehículos que hoy tienen empadronados en sus Departamentos con el promedio de los últimos 10 años.
De esta manera el dueño del vehículo elimina la posibilidad de tener que pagar cifras exorbitantes o meterse en 10 meses del año pagando la cuota de su patente.
Y lo paga en forma sumamente gradual, es decir que cada vez que llena el tanque de su vehículo ya está pagando su patente.
Además estamos llegando de esta manera a un régimen absolutamente democrático y justo, ya que el que más transita nuestras calles y rutas, lógicamente más paga, ya que debe adquirir más litros de nafta.
El que menos anda, lógicamente menos paga.
Aquel usuario que no usa su vehículo y lo tiene estacionado en el garaje de su casa no paga patente.
Por consiguiente, de esta manera ganamos además mucho más dinero del Estado que se malgasta hoy en infraestructura municipal para el cobro y administración de la patente de rodados.
Se elimina un rubro que muchas veces es tremendo, me refiero a la morosidad.
Hoy en día la morosidad es muy grande en cada Intendencia y se tienen que gastar cifras muy importantes en administrar esa morosidad y cobrarla, que tiene también su costo aparte.
Ni que hablar de que se eliminan los Juicios, embargos y remates judiciales por el no pago de las patentes.
En síntesis, es la solución más acertada y estoy seguro de que todos los uruguayos si hoy nos anuncian que va a subir el combustible $ 2 o $ 3 pesos por litro, inclusive el gas oil, veríamos con enorme agrado la contrapartida de no tener que pagar más patentes como lo hacemos hasta ahora.
Por supuesto que me ignoraron y todos los Intendentes con quienes pude entablar contacto me dijeron que efectivamente ésa era la mejor solución al problema, pero que en el Congreso de Intendentes y en las reuniones en la Estancia Anchorena con el Presidente José Mujica no se pudo llegar a un acuerdo o consenso entre las partes.
